Columna de opinión
Mtro. Arturo Ismael Ibarra Dávalos
SHEINBAUM ELIMINA MÁS DE 87 MIL DESAPARECIDOS DE SU CIFRA: PARA EL GOBIERNO, TU VIDA NO VALE NADA SI DESAPARECES
Hoy en la mañanera, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el informe de personas desaparecidas que llevaba un año prometiendo. El resultado: de los 130,178 desaparecidos registrados entre 2006 y 2026, el gobierno solo reconoce como búsqueda activa a 43,128. Los otros 87,050 fueron reclasificados en dos categorías que básicamente los sacan de la prioridad.
Primer grupo: 46,742 personas (36%) tienen “datos insuficientes”. El gobierno dice que los reportes ni siquiera tienen nombre completo, fecha de nacimiento o lugar de desaparición. Ejemplos que mostraron: registros con apodos como “El Cuate”, “Panchito”, “Niña” o “Muebles Gaby”. Según la funcionaria Marcela Figueroa, antes de la reforma de 2025 no se pedían datos mínimos. Estas personas siguen en el registro pero no se pueden buscar.
Segundo grupo: 40,308 personas (31%) tuvieron “actividad posterior” a su desaparición: un matrimonio, un trámite en el SAT o un cambio de domicilio en el INE. El gobierno asume que eso significa que están vivas, aunque apenas 5,269 han sido localizadas.
Tercer grupo: 43,128 personas (33%) sin ninguna actividad. Son los únicos que el gobierno busca activamente. Pero de esos, solo 3,869 tienen una carpeta de investigación abierta. Eso es menos del 3% de los 130 mil.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro lo dijo claro: reducir la cifra a 43 mil “minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro”. Organizaciones de madres buscadoras señalaron que este es el segundo intento de la 4T por “rasurar” el registro.
Lo que el informe no destacó: 70 mil de los 130 mil desaparecidos ocurrieron bajo la 4T. Solo con Sheinbaum van 17,475: ya superó todo el sexenio de Calderón.
LAS FECHORÍAS DE LA SEDENA
¿Cómo es posible que una misma empresa le venda al Ejército bolsas de hielo, productos de limpieza y también le rente ambulancias o le suministre equipo para fabricar armas?
Esto fue lo que encontró Latinus al revisar 300 contratos del Ejército en 2025:
– Mientras tú piensas que cada proveedor tiene su giro, aquí no. Aquí venden lo que sea, dependiendo de lo que el Ejército necesite.
– María del Rosario Martínez García surtió al Ejército herramientas, químicos, harina y hasta 900 kilos de manteca de cerdo para la fábrica de proyectiles. En 2025 ganó más de 4 millones de pesos.
– AJ Trade, creada en 2019 para administrar inmuebles, ahora ya puede diseñar y fabricar maquinaria para armas y municiones.
– HGW Process and Solutions amplió su objeto social en 2024 para vender sistemas contra incendios, meses después recibió un contrato de 7.5 millones de pesos.
Fue multada en 2024 por incumplimientos
Aun así en 2025 obtuvo 17 contratos por 35 millones
Y según informes internos, no cumplió con entregas
La Dirección de Industria Militar concentró contratos en 19 empresas y 2 personas físicas, sumando 130 contratos por más de 230 millones de pesos.
Y los proveedores “todólogos” no se quedan atrás:
Didactic City vende al Ejército: acero, tornos, máquinas de coser, básculas, sillas de ruedas y a la secretaría de Agricultura le ofrece uniformes.
Comercializadora mexicana GC2: vende papel de baño, varillas y aceite al Ejército y al IMSS le suministra focos y material eléctrico.
René Carlos Aguilar: vende limpieza, hielo, agua y también renta ambulancias y computadoras. En 2025 cobró 2.2 millones de pesos por suministros en obras en Quintana Roo.
Y por si faltaba algo:
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, administrado por militares, entregó:
– 38 millones a una empresa sancionada por la Sedena en 2023.
– 30 millones a otra empresa investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
Un informe interno incluso revela que varias empresas ni siquiera habían entregado lo contratado… y aun así siguen recibiendo contratos.
Al final, no es solo una lista de contratos raros. Es un sistema donde el dinero público circula sin filtros claros, donde los mismos proveedores hacen de todo y donde cumplir o no cumplir parece dar exactamente igual.
Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es quién vende qué, sino quién está vigilando realmente en qué se está gastando el dinero de todos.
BAJO PRESIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: EXIGEN A LA SUPREMA CORTE ABRIR AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA ANTES DE UN FALLO QUE PODRÍA REDEFINIR EL SISTEMA PENAL MEXICANO
En un hecho que evidencia la creciente tensión entre el modelo de justicia penal mexicano y los estándares internacionales de derechos humanos, un amplio bloque de organizaciones civiles, académicas, colectivos de víctimas y operadores jurídicos presentó formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud respaldada por más de 600 firmas ciudadanas para exigir la realización de una audiencia pública previa a la resolución de uno de los temas más controvertidos del sistema penal contemporáneo: la prisión preventiva oficiosa.
La petición no es menor ni meramente simbólica. Se inserta en un contexto de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano derivado de dos sentencias paradigmáticas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los casos Tzompaxtle Tecpile vs. México y García Rodríguez y otro vs. México, en los cuales se condenó al Estado por la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo, al considerarlos contrarios a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.
El eje central de la exigencia radica en que la Suprema Corte no resuelva este asunto en aislamiento técnico, sino que abra un espacio deliberativo amplio, plural y transparente donde puedan participar víctimas, personas privadas de la libertad, académicos, litigantes y sociedad civil organizada. La demanda apunta directamente a la legitimidad democrática de la decisión que eventualmente adopte el máximo tribunal, particularmente en un tema que impacta a más de 40 mil personas encarceladas bajo esta figura en México.
Entre quienes encabezaron la entrega de esta solicitud destacan figuras emblemáticas de los propios casos que dieron origen a la condena internacional. Daniel García Rodríguez, quien permaneció más de 17 años en prisión preventiva sin sentencia, se convirtió en una de las voces más representativas del reclamo, al sostener que la petición es “justa, real y urgente” para permitir que la sociedad mexicana participe en la discusión sobre una figura que, en los hechos, ha operado como una violación sistemática a la presunción de inocencia.
A esta exigencia se suman también casos de alta visibilidad pública como los de Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez y Israel Vallarta, cuyas trayectorias procesales han sido señaladas reiteradamente como ejemplos de los excesos y distorsiones del uso de la prisión preventiva oficiosa en México.
El planteamiento de fondo no solo cuestiona la constitucionalidad de esta medida cautelar, sino que denuncia sus efectos estructurales dentro del sistema penal. De acuerdo con los promoventes, la prisión preventiva automática ha derivado en un uso discrecional por parte del Ministerio Público, convirtiéndose en una herramienta de presión, coerción e incluso extorsión dentro de los procesos penales, alterando el equilibrio entre las partes y debilitando las garantías del debido proceso.
El respaldo a esta solicitud proviene de una articulación amplia y transversal de actores. Participan activistas como Mary Sainz, Edith Escareño Granados, Lucía Alvarado González y Michael W. Chamberlin; académicos como Arturo Cossío Zazueta y Azul Aguiar Aguilar; así como instituciones universitarias como el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez ITESO y la Clínica Jurídica Minerva Calderón IBERO Puebla.
En el ámbito de la abogacía, respaldan la petición figuras como Lizbeth Padilla Sanabria, Gabriel Regino García, Ernesto Canales Santos y José Mario de la Garza, junto con organizaciones como el Colegio Nacional de Abogados Democráticos y Abogados Convencionalistas de México. Asimismo, colectivos de familiares como No Más Hijos Rehenes México, Juntos por la Libertad, Colectiva Mamá No Se Rinde y Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes refuerzan la dimensión social del reclamo.
Desde el punto de vista jurídico, la discusión que enfrenta la Suprema Corte es de la mayor trascendencia: determinar si la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, es compatible con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, particularmente a la luz de los criterios vinculantes de la Corte Interamericana. Esto implica una tensión directa entre el texto constitucional y las obligaciones internacionales del Estado mexicano, lo que coloca al máximo tribunal en un escenario de control de convencionalidad de alta complejidad.
La exigencia de una audiencia pública también interpela directamente a la narrativa de apertura institucional que ha promovido la propia Suprema Corte en su etapa reciente. Los promoventes señalan que este mecanismo permitiría materializar un modelo de justicia constitucional más participativo, deliberativo y transparente, en contraste con decisiones adoptadas exclusivamente en sede jurisdiccional sin interacción directa con los sectores afectados.
En términos estructurales, lo que está en juego no es únicamente la validez de una medida cautelar, sino la redefinición del equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales dentro del sistema penal acusatorio. La prisión preventiva oficiosa, al operar de manera automática, elimina la necesidad de justificar la imposición de la medida cautelar, lo que contraviene principios básicos como la excepcionalidad de la prisión preventiva, la proporcionalidad y la individualización de las medidas cautelares.
La resolución que eventualmente emita la Suprema Corte tendrá efectos profundos y de largo alcance. Podría significar la eliminación o reinterpretación de una de las figuras más controvertidas del sistema penal mexicano, así como la apertura de la puerta a revisiones masivas de casos en los que personas han sido privadas de su libertad sin sentencia firme bajo este esquema.
En este contexto, la solicitud de audiencia pública no solo busca incidir en una decisión jurisdiccional específica, sino también transformar la forma en que se construyen las decisiones constitucionales en México, exigiendo que estas se nutran de la experiencia real de quienes han padecido las consecuencias de un sistema que, bajo la lógica de la prisión automática, ha priorizado la presunción de culpabilidad sobre la presunción de inocencia.
El momento es crítico. La Suprema Corte se encuentra ante una decisión que no solo definirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa, sino que también pondrá a prueba su papel como garante de los derechos humanos frente a presiones estructurales del sistema penal. La exigencia social ya está planteada: abrir el debate, escuchar a las víctimas del sistema y resolver con base en estándares constitucionales e internacionales que privilegien la libertad, la dignidad y la justicia.
LA RECAUDACIÓN CUESTIONADA
De acuerdo con expertos, la organización que recaba dinero y fue promovida por AMLO no podría entregar el recurso al gobierno de Cuba.
Esto porque necesita el apoyo de una institución internacional.
María Vanessa Rivadeneyra Navarro, exadministradora Central de Apoyo Jurídico del SAT, dijo a La Silla Rota que Humanidad con América Latina no cumple con esa condición.
“La donataria autorizada tendría que ubicar a un organismo internacional intermediario del que México sea parte que sea la que lleve a cabo esa actividad. Una donataria mexicana no le puede dar dinero a ningún extranjero, de acuerdo a como está la ley fiscal actual”, dijo al medio.
Y resaltó que la única forma en que una donataria autorizada le puede dar dinero otro país, es por medio de un organismo internacional.
EL MISÓGINO
Le corre Noroña al ver a Grecia Quiroz en el Senado de la República y se refugia atrás del moralmente derrotado Raúl Morón, uno de los tres principales señalados por el asesinato de Carlos Manzo. Lejos de sostener sus dichos misóginos, el senador de los lujos baratos se limitó a corear el nombre de Morón al notar la presencia de la alcaldesa de Uruapan.
PARA REFLEXIONAR
El caso de la Preparatoria Anton Makarenko
La mañana del martes 24 de marzo, una tragedia sacudió a la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en la calle Francisco Villa número 48, en Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con los primeros reportes, un alumno que llegó tarde a clases fue impedido de ingresar al salón por parte de una maestra y la coordinadora escolar. Minutos después, el joven regresó con un arma larga y abrió fuego contra ellas, privándolas de la vida.
Fueron los propios alumnos quienes, en un acto de valentía, lograron desarmarlo y someterlo, auxiliados por el personal de la escuela, mientras arribaban las autoridades, quienes lo pusieron a disposición del ministerio público para las investigaciones correspondientes.
Más allá del hecho: una crisis que nos alcanza a todos
Lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado. Es el reflejo de una sociedad que atraviesa una profunda descomposición.
Un joven que responde con violencia extrema ante un límite básico —como no poder entrar a clase— revela algo más grave: la incapacidad de gestionar la frustración. Como señalaba Aristóteles, cuando la razón deja de gobernar las emociones, el ser humano pierde la medida de sus actos.
Hoy estamos viendo generaciones que, en muchos casos, no han sido formadas en el valor del límite, del respeto y de la autoridad.
La pregunta incómoda: ¿de dónde salió el arma?
Este hecho también expone una falla estructural.
¿Cómo es posible que un estudiante tenga acceso a un arma larga?
Esta pregunta nos lleva directamente a una realidad que muchas veces se evita: la facilidad con la que circulan armas en nuestro entorno, la debilidad de los controles institucionales y la presencia de dinámicas delictivas que alcanzan incluso espacios educativos.
Aquí el problema deja de ser individual y se convierte en político: el Estado no está logrando contener el acceso a la violencia.
La banalización del mal.
La violencia ya no sorprende como antes. Se ha normalizado.
La filósofa Hannah Arendt hablaba de la “banalidad del mal”: cuando actos terribles dejan de ser impensables y se vuelven posibles dentro de la mente humana.
Hoy, un joven no solo se enoja: concibe la violencia como respuesta.
Eso es lo verdaderamente alarmante.
Una sociedad fracturada… pero no perdida
Sin embargo, en medio de la oscuridad hubo un acto de luz: los alumnos que arriesgaron su integridad para detener al agresor.
Ahí está la prueba de que no todo está roto.
Mientras uno eligió destruir, otros eligieron proteger la vida.
Reflexión final
Cuando un estudiante dispara contra sus maestras, no solo falla un individuo.
Falla la familia que no logró contener,
falla la escuela que no pudo prevenir,
y falla el Estado que no garantiza seguridad.
Pero también fallamos como sociedad cuando dejamos de formar en valores, cuando normalizamos la violencia y cuando olvidamos que la vida del otro tiene un valor absoluto.
Lo ocurrido hoy en Lázaro Cárdenas no debe quedarse en una noticia más.
Debe ser un punto de quiebre.
Porque si no entendemos lo que está pasando, lo que hoy nos indigna… mañana puede volverse costumbre.
CIDH emplaza al Estado mexicano a responder petición contra reforma judicial; analizará ‘urgencia y gravedad’ del caso
La CIDH analiza resolver la admisibilidad y el fondo del asunto en un mismo laudo o documento, lo que implica que ese organismo internaciomal analice la posibilidad de dar al caso mexicano un tratamiento grave y urgente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a un grupo de 65 personas juzgadoras que el Estado mexicano ha sido formalmente emplazado para responder en un plazo máximo de cuatro meses a la petición presentada por jueces, juezas, magistrados y magistradas en contra de la reforma judicial.
En un oficio fechado el pasado 19 de marzo, la CIDH señala que también analiza resolver la admisibilidad y el fondo del asunto en un mismo laudo o documento, lo que implica que ese organismo analice la posibilidad de dar al caso un tratamiento grave y urgente, debido al atraso procesal que presenta y a las graves afectaciones denunciadas por los juzgadores mexicanos con la aplicación de la reforma y la elección judicial celebrada en junio del 2025.
De acuerdo con la resolución 1/16 de la CIDH sobre medidas cautelares, resolver en un mismo fallo judicial la admisibilidad y el fondo de una impugnación es procedente cuando las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son graves y la respuesta a las peticiones tienen el carácter de urgente.
Una razón adicional para que el caso se resuelva de fondo en un fallo conjunto es permitir que este no sea imposible de aplicar en el país denunciado y para que las autoridades señaladas revisen sus determinaciones previas sobre la petición antes de que sean definitivas e irreversibles.
Apreciados lectores: La Semana Santa es un tiempo para la introspección, renovando la fe y el compromiso personal más allá del descanso, enfocándose en el sacrificio, amor y resurrección de Jesús. Invita a transformar el dolor en esperanza, el perdón en reconciliación y a vivir con una vida nueva basada en la solidaridad y el amor al prójimo. Ya nos veremos en otra Vuelta de la Esquina.
