Columna de opinión:
Mtro. Arturo Ismael Ibarra Dávalos.
Mayo 12 del 2025.
CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TÚ VECINO CORTAR…
Para nadie es desconocido que tenemos una crisis política en México, asociada con el narcotráfico que hace que exista inseguridad lacerante; sintiéndose más aguda a partir de la frase: “abrazos y no balazos”, expresada por ya saben quién.
Con base en reportes cruzados de inteligencia, cooperación interinstitucional y análisis de fuentes clasificadas en el ámbito bilateral, se confirma la existencia y reciente activación de una herramienta operativa del gobierno de los Estados Unidos, denominada informalmente como la “Lista Marco”, en referencia a su arquitecto principal, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Esta lista integra a 44 actores políticos, administrativos y militares mexicanos, en funciones o retiro, identificados por agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales, particularmente los principales cárteles de droga mexicanos y redes paralelas de contrabando fiscal, energético y financiero.
La “Lista Marco” no forma parte de ningún acuerdo de cooperación binacional suscrito con México. Su existencia está fundamentada en instrumentos jurídicos de seguridad interior estadounidenses, como la Ley Patriótica (Patriot Act), la Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y el marco legal de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). La lista opera de manera discrecional bajo la conducción táctica del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Homeland Security Investigations (HSI), DEA, FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo cual le otorga capacidad de ejecución inmediata, sin necesidad de cooperación judicial con México.
Las medidas derivadas de esta lista incluyen:
Cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo familiares directos de los señalados.
Interrogatorios prolongados y retención administrativa en puntos de ingreso a EE. UU.
Congelamiento preventivo de cuentas, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense y aliados.
Notificaciones confidenciales al Gobierno de México bajo los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera.
Inhabilitación futura para participar en operaciones económicas con instituciones con sede en EE. UU.
Los primeros efectos tangibles de esta política se observaron en la cancelación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres, señalado por operar redes de financiamiento político vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su presunta participación en esquemas de lavado de activos a través de licitaciones públicas, contratos de infraestructura y triangulación de recursos en Baja California, Sinaloa y Sonora.
Posteriormente, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio de más de 14 horas. Todos fueron notificados formalmente de la revocación de sus visas, bajo la acusación de colaborar con una estructura municipal considerada “entidad asociada a organización terrorista extranjera”. Dicha calificación se atribuye al presunto control del Cártel del Golfo sobre diversas áreas del ayuntamiento, incluida la policía local, la dirección de obras públicas y el manejo de recursos sociales.
El patrón de sanciones sugiere una ejecución progresiva y selectiva sobre actores vinculados principalmente con el partido político en el poder (Morena), aunque también figuran perfiles de otras corrientes partidistas con presencia regional.
Entre los nombres más relevantes que integran la “Lista Marco” se encuentran:
Gobernadores activos: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).
Exgobernadores y líderes del Congreso: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados).
Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación – Asuntos Religiosos), Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).
Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con antecedentes en inteligencia táctica, logística antidrogas o despliegues en operativos conjuntos México-EUA.
A nivel municipal, se identifican casos como:
Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona.
Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por manejo de contratos públicos para lavado de activos.
Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas.
César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal.
Fuentes directas indican que el exfiscal general de Baja California, habría entregado documentación y declaraciones juradas ante autoridades estadounidenses sobre las actividades de Carlos Torres y otros operadores financieros de la gobernadora Ávila. Ruiz Hernández, quien fue obligado a dimitir en 2021 tras amenazas presuntamente coordinadas desde la oficina del Ejecutivo estatal, se encuentra actualmente fuera del país. A esta colaboración se suma la del senador Jaime Bonilla Valdez, también exgobernador y ciudadano estadounidense, quien ha intervenido con declaraciones públicas y denuncias presentadas ante oficinas federales en Washington, D.C.
En cuanto a las operaciones de financiamiento ilegal, la información disponible vincula a al menos 15 de los 44 perfiles enlistados con aportaciones económicas de origen ilícito relacionadas con el “huachicol fiscal” y contrabando transfronterizo de gasolina desde Texas. Estas operaciones fueron encabezadas por Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en 2021 en Nuevo León, a quien las agencias estadounidenses consideran principal mecenas financiero del aparato electoral de Morena en el noreste del país, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila.
La gravedad de estos acontecimientos excede el ámbito de relaciones exteriores y se posiciona como una emergencia en materia de seguridad nacional, por su impacto directo en:
Estabilidad política en estados clave donde operan redes criminales con influencia en gobiernos locales.
Coherencia institucional del aparato de justicia y seguridad, al ser señalados funcionarios de alto rango.
Riesgo de fragmentación interna en el partido gobernante, ante la percepción de exposición selectiva.
Potencial de intervención indirecta en procesos electorales federales o locales, mediante presión diplomática, filtraciones o cancelaciones de derechos migratorios.
Escalada en el discurso de legitimación de acciones militares unilaterales, bajo el pretexto de combate a organizaciones terroristas extranjeras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado públicamente que la conversación sostenida el 1 de mayo con el presidente Donald Trump fue de tono tenso y con exigencias consideradas “inaceptables”, entre ellas la presencia de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano y la entrega de políticos mexicanos con presuntos vínculos criminales.
Y es que se tiene que hacer algo, para frenar esta situación de otra manera puede pasar lo que alerta un cubano:
El Sabado, me traslade en un Uber, me tocó de conductor a un cubano de alrededor de 45 , 50 años, que me dijo. En México están jugando con candela, Chico. Deberian de eliminar al dragon de 4 cabezas antes de que sea demasiado tarde.
Si un Mexicano, sé fuera a vivir a Cuba como vivimos los Cubanos, no aguantaria ni una semana. A mi Papá y a 2 hermanos todavia los tengo en Cuba. Para que tengan electricidad les tuve que poner un generador de electricidad que trabaja con gasolina.
Cada Semana tienen que hacer lineas kilometricas para que les vendan 20 litros.
Les tengo que mandar todas las Semanas desde aca comida para que puedan comer, hay varias agencias que lo hacen, ya que en la Isla no hay alimentos.
Sé vive en una situación deplorable. Ojala que el hombre del peluquin anaranjado corte de raíz este problema, ya que sabe que ahi estaria el fin de los males. Le comenté, o el principio de otro, no olvide a Putín, para acabar con eso, sé tendria que hacer una fuerte negociación con los putines.
Pues ojala México reaccione muy pronto, ellos siempre le le echan la culpa a todo el Mundo y jamás aceptan sus errores y son unos verdaderos asesinos que si alguien no está de acuerdo con el regimen de inmediato empiezan a desaparecer a todos los miembros de la familia y al inconforme lo encierran para que sufra la perdida de Toda la familia.
En México ya se empezarón a apropiarse de todo, ahora lo dificil es que con la manipulación de todos los poderes se logren elecciones reales y pronto el pueblo va a sentir el total desamparo por parte de ellos, no el apapacho que apararentemente están sintiendo en éste momento.
¡EXCLUSIVA!
MARCO RUBIO TIENE LOS DOCUMENTOS QUE PODRÍAN TUMBAR A AMLO Y SU CÍRCULO MÁS CERCANO
En el oscuro trasfondo de un gobierno que presume logros donde hay más sombras que luces, se esconde uno de los mayores desfalcos a la hacienda pública en la historia reciente de México. Y todo, señores, no por un simple “huachicol” de combustibles como muchos creen, sino un gigantesco huachicol fiscal que, con la ayuda de redes criminales, políticos coludidos y una estructura gubernamental corrupta, ha robado miles de millones de pesos a los mexicanos.
Hablamos de más de 550,000 millones de pesos que jamás llegaron a las arcas del Estado. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se lo embolsaron mafias, políticos, y toda una red de cómplices que, bajo el amparo de la impunidad, se han beneficiado con la venta de combustible de manera ilegal y con la evasión fiscal más descarada. Estos recursos que no fueron recaudados por Hacienda son equivalentes a la deuda que tenemos con Pemex, ese mismo Pemex que, por cierto, ha recibido billones de pesos en apoyo y sigue cayendo en pérdidas estratosféricas.
Durante todo el sexenio de López Obrador, la fuga de combustibles fue sistemática. De hecho, lo que los datos oficiales revelan es alarmante: en Tamaulipas, se capturó un buque con 10 millones de litros de combustible, sin que nadie diera explicaciones claras de su origen o destino. La pregunta es: ¿cómo es posible que un país entero se esté hundiendo en deudas, mientras los mismos que prometieron terminar con la corrupción son los primeros en dejarla florecer?
Y es que, aunque el gobierno intente tapar con promesas vacías de justicia, los números hablan por sí mismos. Este gobierno, que llegó con la bandera de la austeridad y la lucha contra la corrupción, ha hecho exactamente lo contrario. A cada recorte en servicios, a cada subsidio a empresas estatales que no funcionan, le sigue un aumento en la deuda interna, una deuda que no creció por causas ajenas, sino por malas decisiones y promesas incumplidas. El gobierno, con tal de financiar su “proyecto de nación”, ha optado por los bonos y setes, bonos que no se podrán pagar a largo plazo sin una crisis económica monumental.
¿Y qué pasa con las promesas de bienestar? Con las campañas que nos aseguraban que todo este desastre sería a beneficio del pueblo, cuando en realidad, lo único que hemos visto es la inflación disparada, salarios que no alcanzan ni para llenar el carrito del mandado y una canasta básica que se ha vuelto inalcanzable. Los precios de los productos básicos, como la tortilla, han subido más del 100%, y aunque los salarios mínimos se ajustaron, no lo hicieron de manera justa ni suficiente.
¿Y qué hay del “tren maya”? Ah, ese proyecto que se dice “para el pueblo”, pero que ha costado más de 515,000 millones de pesos hasta ahora, casi el triple de lo prometido. O la refinería de Dos Bocas, que, a pesar de los sobrecostos, sigue siendo un monumento al derroche y la ineficiencia. Las promesas de que estas obras generarían empleo y prosperidad se han quedado en nada.
Esto no es solo una cuestión económica. Este es el reflejo de un modelo que está quebrando el país. No nos engañemos más. El desajuste fiscal es tan grave que ya no sólo estamos viendo el colapso de Pemex, sino que también estamos pagando los platos rotos con las pensiones de nuestros viejos, con los fondos del Infonavit y, peor aún, con los ahorros de todos los mexicanos que confiaron en un sistema que hoy se ve desbordado por la corrupción y la falta de liderazgo.
En estos días se me vino a la mente la palabra lealtad y la recordé porque tuve un altercado con un colaborador, que se dice mi amigo.
La lealtad es un valor fundamental que implica fidelidad, compromiso y apoyo constante hacia una persona, institución, causa o grupo, incluso en situaciones difíciles. Es un principio que se manifiesta en la defensa de lo que se cree y en la capacidad de estar ahí para quienes se consideran importantes.
Se los dejo de reflexión esperando encontrarlos en otra vuelta de la esquina.
