Los gobiernos deben informar hechos, no formular promesas. Las promesas las hacen los candidatos, no los gobiernos. Los gobiernos deben informar resultados de lo que han hecho. Si los gobiernos no han realizado nada, si no han hecho nada, si no dan a conocer resultados, deben explicar por qué no los hubo, no prometer que los habrá.
Los gobiernos no descalifican las realizaciones de los gobiernos anteriores, ni se dedican a hablar mal de ellos, difamarlos o calumniarlos, ni por razones ideológicas o políticas, ni por ninguna otra razón. No son electos para denigrar a los anteriores, sino para que lleven a cabo los planes y programas que propusieron y fueron aprobados.
Si hay funcionarios de gobiernos anteriores que cometieron ilícitos, los gobiernos actuales deben someterlos a la consideración de las fiscalías para que éstas actúen en consecuencia. Procedan o no las acusaciones, los gobiernos están obligados a respetar a los investigados o acusados y tratarlos, no como culpables, sino como presuntos Inocentes hasta que se dicte sentencia ejecutoriada que declare que no lo son.
Los gobiernos carecen de facultades para descalificar, difamar y burlarse de sus gobernados, sean cuales fueren sus opiniones y aspiraciones políticas. Al contrario, están obligados a proteger el goce y ejercicio de unas y otras, así como de garantizar el de sus derechos fundamentales en un marco de libertad y seguridad.
Los gobiernos carecen de facultades para descalificar a los medios escritos, radiales, televisivos o de internet, o de usar el peso del Estado para vulnerar sus opiniones críticas. Si algún medio comete un ilícito en el ejercicio de sus actividades, los gobiernos pueden someter el caso ante las fiscalías para que los investiguen y, si proceden las denuncias, los sancionen conforme a la ley.
El gobierno llamado 4t ha hecho en 16 meses lo opuesto a lo que debe hacer, es decir, ha violado sistemáticamente la obligación que un gobernante protesta ante la Nación, que es la de cumplir y hacer cumplir la Ley Suprema de la Nación, compuesta por la Ley Fundamental y las leyes que de ella emanan, así como con lo dispuesto en los Tratados aprobados por el Senado.
Nadie se ha opuesto a que el gobierno 4t disponga del presupuesto de la Nación para sus programas clientelares, es decir, sus apoyos a los viejos llamados adultos mayores, a los jóvenes que no estudian ni trabajan y a otros, ni tampoco a sus grandes proyectos como el tren maya y el corredor transoceánico de Tehuantepec, a condición de que, al realizarse, respete las leyes que preservan el medio ambiente.
Y si se han criticado otros, como el aeropuerto de Santa Lucía, ha sido porque ya existe el aeropuerto alterno de la Ciudad de México en Toluca, que es el mejor de la República, o como la refinería de Dos Bocas, ha sido porque ya es más barato comprar la gasolina que producirla.
Sin embargo, es lamentable que en 16 meses, el gobierno haya sido incapaz de garantizar a la población la seguridad pública, como se acredita con el lastimoso aumento de los homicidios, así como el de los feminicidios; incapaz de garantizar el crecimiento económico, como se prueba con el estancamiento durante 2019 así como con la espantosa recesión que se está viviendo y se vivirá en 2020, e incapaz de garantizar la salubridad pública, como se demuestra con el desmantelamiento del sistema de salud que se inició en los últimos días de 2019 y se prosiguió en 2020.
Más lamentable aún fue la incapacidad del gobierno 4T para manejar adecuadamente durante este mes de marzo el movimiento feminista y, sobre todo, el de la salubridad pública durante la pandemia, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud.
Del mismo modo, es lamentable que el Congreso de la Unión, uno de los órganos encargados de vigilar y controlar los actos y resoluciones del Ejecutivo Federal, no se haya opuesto a que éste se someta a la política del gobierno de Washington en materia de migración, ni que haya censurado la frivolidad de muchos de sus actos y declaraciones, ni que le haya faltado al respeto a la institución presidencial, ni que en lugar de unir a los mexicanos, los haya dividido, y en lugar de fortalecer a la sociedad, la haya debilitado.
Por último, es de lamentar el papel tan lastimoso que han jugado los partidos políticos de la minoría, más preocupados por conservar sus jugosos recursos a costa del presupuesto público, que en atender y denunciar las quejas y reclamos de la población, así como en elevar propuestas que la beneficien.
Dentro de tres o cuatro semanas será declarada la etapa 3 de la pandemia y empezarán a llenarse los hospitales de contagiados y las funerarias de cadáveres.
Por otra parte, la caída de los precios del petróleo, de las remesas y del turismo, auguran una crisis económica sin precedente.
La sociedad mexicana ha quedado en estado de indefensión.
Sin embargo, pasada la crisis epidemiológica, económica y jurídica que afronta México, será necesario revisar las instituciones de México, sus atribuciones, compromisos, obligaciones y facultades, para decidir cuáles hay que dejar, cuáles suprimir y cuáles establecer en función de los legítimos derechos e intereses de la Nación y de la sociedad.
(José Herrera Peña, 31 marzo 2020, 16:30 hrs.).
