Las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, han sido ampliamente criticados por abogados litigantes debido a vicios estructurales que entorpecen la justicia: retrasos de meses o años en audiencias, expedientes estancados, ausencia de funcionarios, y el cierre a nuevos casos derivado de la transición al nuevo sistema de Tribunales Laborales.

Retos principales que enfrentan los abogados litigantes:

Parcialidad y Corrupción: Frecuentemente se denuncia que el personal favorece acuerdos al margen de la ley o complica los trámites a menos que exista una relación directa con el personal de la junta.

Dilación de los Laudos: Lograr que una resolución se ejecute es un calvario; hasta el 53% de los trabajadores con fallo a favor no cobran su dinero debido a la inacción burocrática.

Ausencia de Actuarios: Los abogados batallan constantemente con actuarios que no realizan las notificaciones bajo diversos pretextos, lo que frena los expedientes por años.

Pobre Gestión de Audiencias: Existe un desorden evidente en las agendas de los tribunales que provoca empalmes de audiencias y la ausencia certificada de los abogados, castigando injustamente a la parte actora.

Alternativas de acción y denuncia:

La Ley Federal del Trabajo contempla el respeto a las formalidades del procedimiento, pero ante irregularidades persistentes, existen mecanismos para proteger el ejercicio profesional.

Quejas y Denuncias Administrativas: Si eres víctima de una denegación de justicia o de actos arbitrarios (como negarte acuerdos sin fundamento), puedes presentar una queja formal.

Promover Amparos: Cuando las juntas violan los plazos constitucionales (Artículo 17) y cometen omisiones que afectan el proceso, el amparo indirecto es el recurso legal al alcance de los abogados para obligar a la autoridad a emitir los acuerdos correspondientes.