Por Fiona González
Para comprender la crisis actual del Instituto Nacional Electoral no es suficiente observar la renuncia de su presidenta. Es necesario reconstruir la trayectoria que la llevó al cargo, la reforma que concentró el poder en su figura y las consecuencias que esa concentración tiene para la democracia mexicana, particularmente de cara a las elecciones de 2027.
- La trayectoria: de Sonora al centro del sistema electoral
Guadalupe Taddei Zavala llega al Organismo Público Local Electoral de Sonora en 2014. Permanece en esa institución hasta 2021.
En enero de 2022 ingresa al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Para entonces ya no formaba parte del OPLE de Sonora. Su designación ocurre en un Congreso del Estado de Sonora donde Morena ya tenía mayoría.
En marzo de 2023 deja el Instituto de Transparencia para asumir la Presidencia del Consejo General del INE.
Este recorrido es relevante porque no se trata de una llegada aislada o meramente técnica. Se trata de una funcionaria cuya designación en los órganos locales se dio en un contexto donde su partido de origen ya controlaba la mayoría legislativa encargada de elegirla. Esa es la base política sobre la que después se construye su presidencia en el INE.
- La reforma de 2024: el Artículo 45 no nació en el dictamen, nació de una reserva
En 2024, tras el triunfo de Claudia Sheinbaum, Morena consolida la mayoría en el Congreso de la Unión. En ese contexto se impulsa una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La reforma al Artículo 45 no nació en el dictamen original. Nació de una reserva.
A eso de las 2:30 de la madrugada del miércoles 8 de octubre de 2024, durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, el senador de Morena por Nayarit, Miguel Pavel Jarero Velázquez, presentó una reserva para modificar los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La reserva fue integrada de último minuto, de madrugada, y aprobada en votación económica, sin una discusión de fondo.
El senador Manlio Fabio Beltrones intentó frenarla con otra reserva para eliminar la modificación al Artículo 45, advirtiendo que podrían arrepentirse de quitarle esa facultad al órgano colegiado. Su propuesta fue desechada.
Dos días después, el 10 de octubre de 2024, el Pleno del Senado aprobó el dictamen en lo general con 81 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 40 votos en contra de PAN, PRI y MC, y 0 abstenciones. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2024.
Antes de esta reforma, las decisiones más importantes del Instituto se tomaban de manera colegiada. Para nombrar a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas se requerían 8 de los 11 votos del Consejo General. Ese requisito no era un trámite burocrático, era un contrapeso interno: obligaba a construir consenso, impedía que una sola persona impusiera a su equipo y garantizaba pluralidad en la administración del órgano electoral.
Después de la reforma, esa lógica desaparece. Con esa reserva, la presidencia del INE quedó facultada para designar de manera directa a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin necesitar los 8 votos de los 11 consejeros que antes eran obligatorios. Solo quedó exento el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva.
Además, se le dotó de la facultad de aprobar los acuerdos para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas y operativas del INE, así como con las juntas locales y distritales.
No se trata de una atribución menor. Las direcciones ejecutivas y unidades técnicas son las que operan la elección: organizan la capacitación, administran el presupuesto, manejan la fiscalización, controlan el registro de electores y ejecutan las licitaciones. Quien controla esos nombramientos, controla la operación del proceso electoral.
- La concentración del poder y la destrucción de los contrapesos
Los contrapesos son parte esencial de una democracia. Sin contrapesos, las instituciones dejan de ser árbitros y se convierten en instrumentos.
Con la reforma al Artículo 45 se concentró el poder en una sola persona. La presidenta quedó facultada para todo, sin necesitar aprobación de terceras personas. La colegialidad, que era el principio fundador del INE desde su creación como IFE, quedó relegada.
Desde que Morena llegó al poder, el sistema de contrapesos en la política mexicana se ha debilitado sistemáticamente. La falta de una representación proporcional efectiva, la concentración de mayorías legislativas y la captura de órganos autónomos han reducido los espacios donde una decisión puede ser frenada, revisada o equilibrada.
El INE no fue la excepción. Al contrario, se convirtió en el ejemplo más claro de esa dinámica: primero se controló la presidencia, luego se reformó la ley para darle más poder a esa presidencia y después se utilizó ese poder para colocar a personas afines en los puestos estratégicos.
- El caso Michoacán: la prueba con datos reales
Lo ocurrido en Michoacán demuestra que la crisis no fue teórica y que debe revisarse con lupa.
El 19 de junio de 2026, el Consejo General del INE aprobó por 8 votos contra 3 la remoción de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán: Ignacio Hurtado Gómez, entonces presidente del IEM, y los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. Una consejera más, Silvia Verónica Mauricio Salazar, había renunciado un día antes.
La causa oficial fue que habían aprobado el nombramiento provisional de una persona encargada del Órgano Interno de Control, responsable de vigilar el ejercicio de los recursos. El INE consideró que esa facultad correspondía al Congreso de Michoacán, no a ellos. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó por unanimidad las remociones.
Posteriormente, el 31 de agosto de 2026, el Consejo General del INE designó a cuatro nuevas consejerías del IEM: Flor Juana Mendoza Zárate y Jorge Luis Hernández Altamirano, para un periodo de siete años del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2033, y Sandra Nalleli Rangel Jiménez e Ian Aguilar Madrigal, para cubrir las vacantes hasta el 30 de septiembre de 2031.
Pero no logró designar la presidencia. La propuesta de Elizabeth Guadalupe Vega Chávez obtuvo 7 votos a favor y 4 en contra, y necesitaba mínimo 8. Por eso la presidencia del IEM quedó vacante y en funciones quedó Selene Lizbeth González Medina.
Es importante precisar que esto ocurrió en el IEM, el órgano local, no en el Consejo Local del INE en Michoacán, que sí tiene presidente, David Alejandro Delgado Arroyo, y ya se instaló para el proceso 2026-2027.
Pero la precisión no cambia el fondo: en plena víspera del proceso electoral, el órgano electoral de Michoacán quedó decapitado, con consejeros removidos, con una presidencia vacante y con un proceso de designación que no logró consenso.
Y eso es lo que debe revisarse con lupa. Porque si las decisiones que tomó Taddei durante su presidencia, tanto en el INE central como en su intervención en los OPLES, se tomaron bajo un esquema de concentración de poder, entonces ninguna designación puede darse por buena automáticamente.
Hoy no hay OPLES en los que se pueda confiar ciegamente. No porque todos sus integrantes sean corruptos, sino porque el mecanismo que los designó, los removió y los sustituyó estuvo viciado por la concentración de poder y por la falta de contrapesos. Cada nombramiento, cada remoción, cada contratación que se hizo bajo ese esquema debe ser auditada, revisada y, si es necesario, revertida.
Michoacán es el ejemplo perfecto: un estado con 11 distritos electorales federales, con una historia electoral compleja, donde el órgano que debe garantizar la imparcialidad quedó en manos de personas designadas en medio de una crisis, sin presidencia definitiva y sin legitimidad plena.
Si en Michoacán pasó eso, ¿qué garantía hay de que en los otros 31 estados el proceso fue distinto?
- La narrativa y el propósito: el control del proceso
En política nada es casualidad. La narrativa de Morena tiene un propósito y una secuencia.
La secuencia es clara: controlar la presidencia del INE, reformar la ley para concentrar el poder en esa presidencia, utilizar ese poder para designar a los operadores del proceso, y a partir de ahí, controlar la organización de la elección.
Por eso las elecciones de 2027 van encaminadas a un escenario profundamente preocupante. El árbitro de la democracia hoy no es confiable. No porque los ciudadanos no quieran votar, sino porque la institución encargada de garantizar que ese voto cuente ha perdido su carácter colegiado e imparcial.
Si la tendencia continúa, la proyección es que Morena gane todo, incluso elecciones locales de bajo nivel, no por apoyo popular mayoritario, sino por el control estructural del proceso electoral.
La narrativa de la actual administración apunta, en este análisis, a tomar el control sobre las boletas. A terminar por decidir absolutamente todo. A vivir una jornada electoral donde existan boletas por millones en casas de reunión, utilizadas para movilizar votantes de manera clientelar hacia las urnas.
Ese es el riesgo: que la elección se convierta en un procedimiento formal, donde el resultado ya está construido antes de que se abra la primera casilla.
- El horizonte 2030: la permanencia como proyecto
Como se ha advertido anteriormente, en 2030 Morena no se va a ir. Y no se va a ir porque ha construido el andamiaje institucional para permanecer.
No se trata de una predicción basada en simpatías, sino en hechos: se reformaron leyes para concentrar poder, se debilitaron contrapesos, se capturaron órganos autónomos y se intervino en la integración de los consejos electorales locales.
El caso Taddei no debe leerse como el caso de una funcionaria que cometió errores y renunció. Debe leerse como el caso de un sistema diseñado para concentrar el poder en una sola persona, utilizarla mientras fuera funcional a ese proyecto y desecharla cuando la crisis de legitimidad estalló.
La renuncia no resolvió el problema. La reforma quedó vigente. El poder concentrado quedó vigente. La desconfianza quedó vigente.
Por eso 2027 no es una elección más. Es la prueba de si en México todavía existe un árbitro capaz de garantizar elecciones libres, o si ya transitamos hacia un sistema donde el árbitro juega para un solo equipo.
Si no se revierte el Artículo 45, si no se restablece la votación calificada de 8 de 11 consejeros para las designaciones clave, y si no se garantiza un proceso transparente para elegir a la nueva presidencia del INE, el riesgo no es solo perder una elección. El riesgo es perder la credibilidad de la democracia misma.
Y mientras eso no ocurra, todo lo que hizo Taddei debe ser revisado con lupa. Cada nombramiento, cada remoción, cada designación en los OPLES, incluido Michoacán. Porque hoy, con los antecedentes que tenemos, no hay un solo OPLE en el que se pueda confiar sin una auditoría profunda.
