El Poder Judicial del Estado de Michoacán otra vez está dando de qué hablar, porque en días pasados hicieron paro de brazos caídos para que les pagaran salarios devengados y no cubiertos, lo cual lograron gracias a que los medios de comunicación, litigantes, partes de juicios y sociedad en general se solidarizó con su movimiento, aunque se sepa que tiene tientes ilegales que aquí viene a cuento mencionar porque si bien existió solidaridad, algunos funcionarios no son los suficientemente empáticos con los problemas que se plantean ante sus competencias judiciales, tal es el caso de lo que pasa en el juzgado quinto oral familiar a cargo de la abogada María del Carmen Chora Ramírez, que conjuntamente con los secretarios de acuerdos Alejandro García Luna y Pedro Aarón Ferreira Calderón, exigen una serie de requisitos para poder ser atendidas las demandas, ante la pandemia que hoy por hoy estamos viviendo, pues para poder revisar el estatus jurídico de los expedientes, se tiene que pedir cita que dura más de un mes a que se verifique, de acuerdo a la carga de trabajo, no prestan lapiceros para que se hagan anotaciones, se tiene que usar cubre bocas y guantes para poder consultar e imponerse de los autos, no se permiten aglomeraciones en las instalaciones del tribunal, lo cual parece lógico, pero lo que no es lógico es que ellos y su personal cuando atienden a los justiciables, los traten prácticamente con la punta del pie, permitiendo que les griten y los traten de expulsar del juzgado, porque cuestionan esas medidas y que si bien no puede haber aglomeraciones si las haya para poner arreglos de navidad y se distraiga al personal en lugar de atender a las personas que acuden con más de un mes de espera, para que adornen las instalaciones del juzgado, lo cual daría pauta para presentar queja al consejo de la judicatura.

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