Ante que resultó improcedente para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el incidente de falta de personalidad, promovido, estalla a partir de mañana la huelga en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, pero por decisión arbitraria de la autoridad laboral que preside la abogada Graciela Villaseñor Ferreyra será a “puertas abiertas” porque así lo consideró el tribunal, violando flagrantemente el derecho de huelga y los principios ideológicos que contiene, pues la huelga es la suspensión temporal del trabajo y si no se hace así pues sencillamente se violenta ese derecho, al interpretarse en forma equivocada, pues a “puertas abiertas”, no se suspende el trabajo, se promoverá el amparo ante la Justicia Federal, por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán y trascendió que ya se está trabajando en su elaboración, para que proceda en su totalidad la huelga, cómo las leyes laborales lo mandatan.
Mañana todos los sindicalizados fueron citados por parte del Comité Ejecutivo del SUTASPJEM a las 8:30 horas en sus lugares de trabajo, según un boletín enviado, a fin de que se les reparta las banderas rojinegras, de huelga para su colocación.
Y a partir del miércoles se verá si harán guardias, será lo más seguro, mientras tanto todos los trabajadores sindicalizados estarán al frente del movimiento de huelga.
Tomando en cuenta ese concepto de huelga de puertas abiertas, los sindicalizados no laboran, únicamente personal de contrato y de confianza.
Ellos tendrán que ver resolver todas las situaciones que se presenten en sus lugares de trabajo.
La decisión de puertas abiertas fue resolución del Triibunal a petición de la patronal, sin que esté en la Constitución, ni en las leyes laborales, es una movida política para debilitar una huelga, siendo que según la Organización Internacional del Trabajo, la huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los ciudadanos y específicamente los trabajadores (a través del movimiento sindical y de organizaciones sindicales) para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
Sería sano que el Tribunal haga públicas las bases jurídicas que emplearon para declarar esa ilegalidad, ya que estamos regresando a los tiempos del Porfiriato con ese tipo de criterios, pues es de explorado derecho que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo, lo que con esa aberración jurídica, no se puede suspender el trabajo.
Se destaca que el Poder Ejecutivo ofreció al Consejo de la Judicatura, una cantidad de dinero, en apoyo para que se diera un bono de una quincena para recuperar los impuestos, con la condición de que la otra parte la pusieran el Poder Judicial y no quiso, no lo aceptó porque no quería que únicamente fuera para los sindicalizados, sino también para los trabajadores de contrato, pero como sería mucho más dinero incluyéndolos a todos, se negaron, injustamente.
Laborissmo seguirá informando…