El concepto de precariedad laboral tiende a asociarse al deterioro de las condiciones laborales, a una condición de inestabilidad laboral, y/o inseguridad laboral, un lugar donde el trabajador se encuentra desprotegido ante la expansión de las relaciones no formales, donde las leyes no lo protegen.

La precariedad laboral se relaciona a largas jornadas de trabajo sin la remuneración correspondiente o en un ambiente que afecta la salud física y/o psicológica del trabajador.

Esta falta de garantías incrementa la incertidumbre de continuar en el puesto de trabajo y aumenta la posibilidad de quedarse desempleado.

Es sumamente importante promover el empleo a través de políticas públicas e instrumentos (programas, leyes, etc.) que tengan como objetivo central disminuir la discriminación y lograr la integración del colectivo en trayectoria de trabajo decente.

Sin embargo, si se sigue la tendencia actual de falta de políticas dirigidas específicamente a los jóvenes, es probable que siga deteriorando la participación y condiciones de trabajo de la población económicamente activa.

Según el reporte Semáforo de Trabajo Digno, elaborado por la alianza de organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), en México hay casi 75 millones de personas en edad y con posibilidad de trabajar, pero sólo 9 millones tienen un trabajo decente.

A raíz de la pandemia por la Covid 19 se perdieron poco más de 12 millones de empleos, de los cuales, se han recuperado un 90 por ciento; sin embargo, son millones de personas que fueron contratados sin prestaciones de ley, ni contratos, ni salarios dignos, ni seguridad social; establece la ACFP.

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