La Red de Mujeres Unidas por Baja California se ha convertido en el principal problema y obstáculo para que se haga justicia en este caso, al anteponer la exigencia de una perspectiva de género por encima de la vida truncada de un niño. ¿Cómo es posible que en lugar de preocuparse por Vicente, quien fue la verdadera y única víctima de esta negligencia criminal, esta organización se preocupe por la madre que es la asesina? Resulta recalcitrante y ofensivo para la memoria de la víctima que este colectivo, liderado por Olga Macías, desvíe la atención social e intente justificar o suavizar la responsabilidad de Roxana “N” argumentando un supuesto contexto de violencia de género previo. Vicente murió tras pasar más de doce horas encerrado en una camioneta bajo el calor extremo de Mexicali, sufriendo un calvario inimaginable que terminó con su vida por un golpe de calor, una tragedia absoluta donde la obligación primaria e irrenunciable de la madre era proteger la vida de su propio hijo y no abandonarlo a su suerte.
Cualquier persona que sea padre o madre de familia debería hacerse un cuestionamiento profundo ante esta indignante situación: ¿realmente permitirían que se le diera perspectiva de género al caso si alguno de sus propios hijos fuera la víctima? Ningún padre que ame y proteja a sus hijos aceptaría jamás que se utilicen tecnicismos, agendas políticas o problemas de pareja del pasado para justificar que un niño sea dejado a su suerte hasta morir. La respuesta social es unánime en el rechazo a estos grupos que buscan victimizar a quien cometió la peor de las omisiones, porque cuando se trata de la vida de un hijo, no existen justificaciones ni ideologías que valgan más que el dolor de su pérdida y la exigencia de un castigo ejemplar.
La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a la madre por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual, una clasificación legal que refleja un abandono total de los deberes de cuidado y por la cual permanece en prisión preventiva. A pesar de la gravedad del crimen, la Red de Mujeres Unidas por Baja California es el epicentro de la indignación pública al presionar activamente al Poder Judicial para que evalúe el caso bajo una óptica de género, exigiendo de manera insólita que también se investigue penalmente al padre bajo el pretexto de antecedentes de violencia intrafamiliar. Esta postura del colectivo genera un profundo repudio social porque pone los derechos y la narrativa de la imputada por encima del derecho supremo a la vida que le fue arrebatado a Vicente. Que una asociación civil exija consideraciones especiales para quien cometió una omisión tan atroz es un insulto a la justicia, pues ninguna circunstancia personal o de pareja del pasado puede utilizarse como escudo o atenuante cuando un infante fallece por el descuido directo de quien debía velar por él, demostrando que para estos grupos la agenda política vale más que la vida de un menor indefenso.
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