Reingeniería En La Secretaría De Educación, Pero No Impuesta Por La Federación

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El gobernador Silvano Aureoles anunció, en su primer informe de gobierno, una reingeniería de fondo en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) para consolidar la transparencia, rendición de cuentas y el control administrativo.

Por su parte el Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación, Víctor Hugo Espitia Moreno, no así su titular Silvia Figueroa Zamudio, señaló días después, ante medios de comunicación que reingeniería administrativa, de la SEE, fuera definida por la federación, “…en términos de que se tienen que plantear la integración de claves docentes a la nómina federal y detectar que el personal se encuentre en sus áreas de trabajo”. En ese mismo sentido Víctor Zavala, líder de la CNTE, en Michoacán, señaló que aceptarán la reingeniería sin no afectaba los derechos de los trabajadores y garantice estabilidad laboral. Por su parte el SNTE, no dijo nada.

Al respecto Laborissmo, ocupado siempre “por la mejora del ámbito del trabajo”, se permite informar que desde los primeros días del mes de septiembre, tuvo a bien, enviar a través de Julieta López Bautista, Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, escrito dirigido al gobernador Aureoles Conejo, en el cual se le informa que:
“Desde el pasado mes de Octubre del año próximo pasado, recién a su toma de posesión como Gobernador Constitucional de nuestro Estado de Michoacán, nos entrevistamos con su jefe de asesores Sr. Guillermo Rizo Hernández, para hacerle llegar un documento intitulado: IRREGULARIDADES Y CORRECCIONES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR ECONOMÍAS. Ante la ambigüedad y falta de legalidad, en la toma de decisiones, de la pasada administración educativa y de lastres que dejaron otras; documento que partió de irregularidades detectadas por Arturo Ismael Ibarra Dávalos, en esa data Enlace Jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en la Secretaría de Educación, elaborado con la ayuda de empleados conocedores de la problemática, ofreciendo recomendaciones.”
Lo anterior se hizo ya que nos damos cuenta que el documento fue desviado, por oportunismos políticos. Pues la propuesta de Revisión de las formas de pago a los trabajadores de la SE, a fin de evitar cobros indebidos, sugiriendo a través de dispersión bancaria, por la relación bilateral de éste con la Institución de Crédito y no el pago a través de habilitados por los riesgos que este pago implica. Destacando que de esa manera también se evitaría la erogación de pago de la emisión de la forma valorada (más de setenta mil cheques), por cada emisión quincenal, con un ahorro aproximado anual de más de noventa y un millones de pesos; lo que fue tergiversado, tan es así que creó más problemas, en lugar de resolverlos, ya que se echó a andar sin tener el conocimiento exacto de cómo ponerla en operación.
En dicho documento se señala, entre otras cosas, que: “…tenemos conocimiento exacto de que la actual titular de la Secretaría de Educación, Dra. Silvia Concepción Figueroa Zamudio, continúa autorizando –como sus homólogos en los ejercicios fiscales 2014 y 2015- pagos de supuestas compensaciones para Centros para el Desarrollo de la Creatividad, el Arte, la Cultura y el Deporte, así como Apoyo al Programa de Alfabetización Popular, que maneja como Unidad Responsable la CNTE, por montos superiores a los diez millones de pesos. Como se desprende de documentos adjuntos. “
Es preocupante el destino de la Educación Michoacana, ante estas claras evidencias de desvíos de recursos, que posibilitan que la CNTE, en Michoacán, tenga amplias economías para continuar con sus movimientos políticos.
Consideramos que aplicando el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Edo., con fecha 5 de Agosto del 2015 sobre Acuerdo de Redistribución de Actividades del Enlace Jurídico en la SE, que ordenó reingeniería administrativa para atender los asuntos jurídicos que demanda en el día a día la Comunidad Educativa, en atención primaria y preventiva desde los niveles educativos y el Decreto que crea la Unidad Especializada en Derechos Humanos en la SE, publicado en el Periódico Oficial del Edo., con fecha 16 de Septiembre del 2015, así como sus acuerdos que sirven de antecedente: Protocolo de Seguridad Escolar, publicado en el Periódico Oficial del Edo., con fecha 23 de Junio del 2015 y Acuerdo Administrativo sobre Facultades Específicas en Derechos Humanos del Enlace Jurídico en la SE, publicado en el Periódico Oficial del Edo., con fecha 8 de Septiembre del 2015 y el restablecimiento y la puesta en operación de manuales administrativos, que por intereses de grupos no se aplican, además cancelando y sancionando los pagos indebidos, a favor de dicho grupo magisterial, podremos atajar de alguna manera el problema.
Así mismo se solicitó en términos del numeral 8 Constitucional y en su ley de transparencia, reglamentaria, a Figueroa Zamudio, nos informara sobre su proceder en el presente ejercicio fiscal 2016, sobre esos pagos, que presumimos son desvíos de recursos, corriendo copia de traslado a su actual Enlace Jurídico Erick Alejandro González Cárdenas. Sin que a la fecha haya contestación al respecto.
Igualmente se le informó a la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Silvia Estrada Esquivel, a fin de que se investigue a fondo esos presuntos desvíos de recursos a favor de la CNTE, para que sean sancionados.
Hay que recordar que en mayo de 1992 se hizo público el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), firmado por el gobierno federal, los estados y el SNTE. “Hemos llegado al agotamiento del sistema educativo trazado hace ya 70 años”, fue el diagnóstico.
El Acuerdo representa un pacto entre los poderes reales del sistema educativo – la SEP y el Sindicato – para ―descentralizar los servicios educativos sin que perdieran su integridad ni su carácter nacional. El gobierno federal se reservó las facultades decisorias que aseguran la uniformidad de los servicios educativos en todo el país. El SNTE, por su parte, conservó la titularidad de la representación y de la relación laboral con la SEP.
El modelo de ―descentralización seguido en México estuvo condicionado en su diseño e instrumentación por un conjunto de factores políticos: un régimen presidencialista, de partido único/hegemónico y con una estructura corporativa-clientelar. El caso mexicano se califica como un proceso de ―descentralización lineal, que parte del centro hacia la periferia, en el que la autoridad central preserva el control sobre los elementos decisivos del sistema educativo, a saber: la responsabilidad por los planes y programas educativos, la negociación salarial, los aspectos sustantivos de la carrera docente, así como el control de la mayor parte de los recursos fiscales, mientras que a los gobiernos locales se les delega los aspectos operativos y, acaso, la posibilidad de agregar contenidos propios al currículo.
Por todo esto, el mexicano es un modelo muy peculiar en el contexto de otros procesos de descentralización en América Latina.
Cabe destacar, que en el apartado referente a la REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO del citado acuerdo de modernización, se plasma la esencia de la función administrativa, que incluso es de observancia actual para la Secretaría de Educación, señalando literalmente que ”… Se debe consolidar el auténtico federalismo y la participación social, corrigiendo el centralismo y el burocratismo en la prestación del servicio de la administración educativa. El carácter nacional de la educación se asegura a través de la normatividad emitida por la federación que será observada y aplica en todo el país y el Ejecutivo Federal transferirá los recursos suficientes para la operación de los servicios educativos…”
El Decreto Presidencial para la Descentralización Educativa, da como resultado que en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 29 de noviembre de 1996, se considere ya en una sola dependencia y en su artículo 25, las atribuciones específicas para la Secretaría de Educación; posteriormente, el 7 de diciembre de 1998 se publicaría la Ley Estatal de Educación, la cual propició una mayor participación en la toma de decisiones por parte del Gobierno Estatal. Y así lo han contemplado las distintas leyes orgánicas, como la vigente.
La diversidad característica del país se manifestó en la forma en que cada gobierno estatal se hizo cargo de las responsabilidades transferidas. La existencia o no de sistemas educativos estatales, la importancia atribuida a la educación, los intereses de las fuerzas políticas así como las capacidades técnicopedagógicas y administrativas locales fueron, entre otras, circunstancias que determinaron la manera en que se afrontó el proceso de descentralización así como su evolución en los distintos estados del país.
La descentralización tuvo entre sus principales consecuencias la revaloración del papel de la escuela, a la que se le atribuyó, al menos formalmente, un rol protagónico en el proceso de reforma emprendido. Desde los inspectores escolares hasta los padres de familia y las comunidades en su conjunto, pasando por los directores y maestros, fueron convocados a articular su quehacer de otra manera. No obstante, la persistencia del centralismo, la imbricación de la burocracia oficial con la sindical, la falta de precisión en el proyecto mismo y la insistencia en utilizar a los planteles como correa de transmisión de infinidad de programas de toda índole, ha coartado la posibilidad de que el proyecto de transformación se materialice.
La descentralización educativa en México es un proceso en marcha, la alternancia política, las coyunturas económicas y el debate académico inciden constantemente en su derrotero. Por ello se considera que no es conveniente que la federación sea la que de timón a ese proceso mandatado por el Gobernador de los Michoacanos, Aureoles Conejo, quien lo entiende muy bien.
Laborissmo seguirá informando…


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