Categoría: Destacadas

Centro Histórico 189   – B     (CCA 02-11-2015)

  • Silvano Aureoles arranca con acciones pacificadoras.
  • Gobierno de Michoacán va por criminales de Templarios
  • Golpe a la CENTE de Michoacán
  • Sin resolver, 90% de casos de asesinatos de periodistas: SIP

En la columna 188 de Centro Histórico se comentó: En otra información, ya se cumplieron los primeros 30 días de que inició su gobierno en Michoacán Silvano Aureoles está a punto de afinar los pasos a seguir en los primeros 100 días de gobierno y amarra los programas que permitirán llevar adelante la normalización del gobierno y en general la situación en el estado, principalmente en las zonas conflictivas de la llamada Tierra Caliente.

Ayer, toda la prensa nacional se volcó a difundir declaraciones del Gobernador Silvano Aureoles en las que reconoció la existencia de células criminales en la entidad; estamos en alerta total ante grupos que quedaron dispersos. Silvano Aureoles, afirmó que el Grupo de Coordinación Michoacán tiene en la mira 12 objetivos criminales que aún operan en la entidad y pertenecen a Los Caballeros Templarios.

Estamos en alerta total. Tenemos la información de células que se quedaron dispersas”, advirtió el mandatario tras la presentación de los 300 elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal (PF), que iniciarán operaciones en la capital michoacana.

Aureoles precisó: Traemos en la mira por lo menos 12 células u objetivos que se quedaron dispersos después de haber desarticulado este grupo, pero eso pronto será resuelto”.

Agradeció el apoyo decidido del Gobierno de la República para la recuperación de la paz y la seguridad en la entidad, el mandatario estatal aseguró que hay el compromiso de hacer de Morelia en primer lugar, Uruapan y Lázaro Cárdenas, los municipios más seguros de nuestro estado y que puedan ser también de los más seguros del país.

Es un reto mayúsculo pero estoy seguro que lo vamos a lograr con el apoyo pleno del Gobierno Federal, y en el especial de la Policía Federal, del Gobierno Municipal y por su puesto de la mano de los ciudadanos”, externó.

Precisó que acciones como ésta se estarán desarrollando en diversos puntos del estado, sobre todo en las regiones que están expuestas o en riesgo del crecimiento de la delincuencia.

Aureoles Conejo reconoció a la División de Gendarmería que iniciará actividades en Morelia, así como a los 150 elementos de la Policía Militar que ya operan en la entidad, al tiempo que señaló que es prioridad del Gobierno que encabeza garantizar el Estado de Derecho, la seguridad de los bienes y la integridad de la población.

Golpe a la CNTE-Michoacán

Las solicitudes de captura son adicionales a las giradas por la PGR por ilícitos cometidos en las protestas, afirma el procurador estatal.

El procurador de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro, dio a conocer que existen 28 órdenes de aprehensión en contra de normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán.

Los delitos por los cuales se giraron los requerimientos judiciales “y en el momento oportuno se estarán ejecutando” son hurto, robo de automóviles y daños en propiedad ajena, “que son las actividades que se han venido realizando, que se han venido identificando”, aseguró. Aclaró que las capturas por ejecutar son adicionales a las giradas por la PGR.

El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que la PF “es coadyuvante de la PGR y cumplimenta las órdenes que ellos nos emitan; en este momento en la Policía Federal no tenemos una orden para cumplimentar”.

El gobernador Silvano Aureoles confió en que cualquier detención no altere la dinámica de la entidad con más movimientos de protesta de los profesores, porque se requiere paz y tranquilidad.

El procurador del estado dijo que hay 28 órdenes de aprehensión contra maestros y normalistas por actos vandálicos en sus marchas.

Existen 28 órdenes de aprehensión para cumplimentarse en contra de normalistas y profesores de la CNTE en Michoacán, aseguró el procurador José Martín Godoy Castro, quien mencionó que los delitos por los cuales se mantienen las investigaciones hacia los estudiantes y docentes es por robo de vehículos, robo de uso, daños en las cosas, derivado principalmente de las diversas actividades que han realizado estos dos grupos durante manifestaciones, bloqueos y protestas.

“Sí, también tenemos órdenes de aprehensión y en el momento oportuno se estarán ejecutando. Son aproximadamente 28 órdenes de aprehensión, son de ambos, es por robo, robo de vehículos, daños; son las actividades que se haN venido realizando, se han venido identificado y tenemos la resolución en ese sentido”, dijo José Martín Godoy Castro, procurador de Justicia de Michoacán.

Godoy Castro no quiso mencionar los nombres de los profesores o líderes de la Sección 18 contra quienes están dirigidas las órdenes de aprehensión, pero sí estableció que son para ambos grupos, tanto estudiantes como docentes.

“No, no te puedo decir; yo tengo la información de las personas; los cargos, esos no los puedo señalar porque al igual no obtenemos mandamientos judiciales por cargo sino por hechos o conductas delictivas”.

En tanto, el comisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que los elementos desplegados en la entidad no vienen a cumplimentar ninguna orden de aprehensión en el ámbito federal hacia líderes de la CNTE como sucedió en Oaxaca.

“La Policía Federal es coadyuvante de la Procuraduría General de la República y cumplimenta las órdenes que ellos nos emitan, en este momento, yo Y la Policía Federal no tenemos una orden para cumplimentar”, dijo.

El gobernador, Silvano Aureoles Conejo, apuntó que espera que cualquier detención hacia este sector de la población no altere la dinámica de la entidad con más movimientos de protesta de los profesores democráticos, porque se requiere paz y tranquilidad en Michoacán.

Junto con Oaxaca y Chiapas, Michoacán es una de las entidades donde el sindicato de maestros se ha opuesto a la aplicación de la Reforma Educativa, la cual exige que las plazas sean asignadas a través de un examen. Asimismo, establece que los maestros que deseen permanecer en sus cargos deben ser evaluados para probar sus habilidades docentes.

No se resuelven los casos de homicidios a periodistas

“El limitado porcentaje de atentados y asesinatos que son resueltos es un fenómeno global que se agrava,” expresó el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP y Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.

El Licenciado Ealy Ortiz agregó que un primer paso para combatir la impunidad “es la perseverancia y la lucha contra el silencio y el olvido, tarea que en muchos casos corresponde a familiares, también convertidos en víctimas de estos crímenes”.

En un comunicado, la SIP refirió que, de acuerdo con estadísticas de Naciones Unidas y de la organización IFEX, integrada por 104 asociaciones defensoras de la libertad de expresión en el mundo, entre ellas la SIP, nueve de cada 10 asesinatos de periodistas oi se resuelven ni se castigan.

La Sociedad trabaja en contra del fenómeno de la violencia y la impunidad, esfuerzo que ha contado con el respaldo de la Fundación John S. y James L. Knight, que financió investigaciones de asesinatos, 29 de las cuales fueron remitidas a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que el traslado recientemente del caso del periodista colombiano Nelson Carvajal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es “un resquicio, una alternativa para que otros asesinatos impunes contra periodistas puedan gozar de justicia”.

Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, analizó que “la remisión de un crimen impune hace 17 años, como el de Carvajal, ante el máximo tribunal del sistema interamericano, crea otro foro para abordar el asunto de la violencia contra los periodistas en Latinoamérica, donde la impunidad está generalizada”.

Ambos directivos de la SIP coincidieron en la urgencia de acabar con la impunidad y sus consecuencias nefastas para la libertad de expresión y de prensa, como la autocensura.

Estadísticas de la SIP establecen que 16 periodistas han sido asesinados en las Américas en 2015.

Por lo demás, todos estamos bien

“El viento se levanta, tratemos de vivir”

(CCA 03-11-2015).

Escrito por Crescencio Cárdenas Ayllón

Morelia, Mich., 13 de Octubre del 2015.- Toda vez que el escrito de fecha 6  de Octubre del año en curso, suscrito por el Lic. Arturo Ismael Ibarra Dávalos,  la Mtra. Silvia Figueroa Zamudio, en cuanto Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, en el cual en lo que importa solicita audiencia para informarle su quehacer como Enlace Jurídico en la SEE,  no ha tenido a bien dictar contestación alguna, no obstante que se fundó en el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para el solo efecto de que no incurrir en alguna hipótesis que prevea  la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; dicho exfuncionario se permitió manifestar, con fecha 13 de Octubre, entre otras cosas lo siguiente: “Mi cargo como Enlace Jurídico en la Secretaría de Educación, en los últimos 10 meses, me ha dejado conocimiento puntual de dicha Secretaría, ya que por mis manos pasaron asuntos de los más enrarecidos, contaminados de artificios y expresiones de grupo, que solo son propios de una descomposición institucional educativa en Michoacán. Tal conocimiento  me  llevaron a integrar y desarrollar diagnósticos que derivaron en acuerdos administrativos fundamentales, para atajar tal problemática: A.- REDISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ENLACE JURÍDICO.- Estableciendo un esquema de reingeniería  de personal, a fin de que los diversos niveles educativos cuenten con personal para atender los diversos asuntos jurídicos, que en el día a día presenta la comunidad educativa y que requiere atención inmediata, oportuna y eficaz; lo que a la fecha no se desarrolla y por ello hay condenas judiciales. B.- FACULTADES ESPECÍFICAS SOBRE MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SECRETARÍA.- Atendiendo el escenario de por si  contaminado y viciado  institucional  que ha propiciado  que la  Secretaría,  contabilice  más recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las últimas administraciones,  que las áreas policiales. Estrategia que haré llegar destacadamente en documento por separado. C.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR EN MICHOACÁN.- Trabajo derivado de recomendaciones de la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos, para tratar  conflictos en las escuelas Isaac Arriaga, Juan  Ortiz Murillo, Internado España México, entre otras; estableciéndose técnicas para alumnos, administrativos, padres de familia y docentes, para evitar violencia escolar, en todas sus modalidades, con el apoyo de redes ciudadanas. Documento que está sin operación. Documentos publicados en el Periódico Oficial en el Estado y por ello de cumplimiento obligatorio. DESTACAMOS: De tales intenciones de contribuir a propiciar  a dar un viraje  institucional  con cierto rumbo y destino, en temas de trascendencia,  pensé que había tenido eco en el Secretario de Educación Dr. Armando Sepúlveda López,  pero me equivoqué, al grado que mi defensa legal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje,  para que su Presidente, Lic. José Miguel Jiménez Martínez, se excusara de conocer los asuntos de la Secretaría,  por haber  filtrado información confidencial  a los medios de comunicación, relativa a los más 700 juicios laborales donde la Secretaría figura como demandada,  fijando  una postura que prejuzga  en contra de la secretaria, violando el principio de imparcialidad del juzgador establecido en el  numeral 17 Constitucional;  valió, al parecer,  un cese en mis funciones por una justificación que no atino a comprender, asunto que está en manos del Poder Judicial de la Federación; solo enmarcándolo en el contexto de haber trastocado  intereses  configurados en la más  recóndita  maraña  que van del despacho del Secretario de Educación a la del Presidente del Tribunal, así como ha tocado intereses también  en la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado,  quienes, en su momento,  pidieron mi cabeza para no trastornar sus intereses; acusándome de diversas acciones que tengo prueba fehaciente de sus infundios. Hechos que han traído consecuentemente difamaciones tales en contra de mi persona que ahora hacen que me encuentre en el escenario, nada halagador, de no poder recoger mis afectos personales del privado en el que servía, de no haber sido notificado legalmente de entrega-recepción alguna, de mis funciones, por lo cual a la fecha no he podido devolver un vehículo oficial que se me prestó;  lo que hace que la persona que se encuentre despachando en tal función se pueda reputar de usurpación de funciones o servicio público, máxime que mi situación está en estado subjúdice. Por lo que propone: IRREGULARES Y CORRECCIONES: Ante la ambigüedad  y  falta de legalidad en la toma de decisiones de la pasada administración educativa y de lastres que dejaron otras, ha llevado  a escenarios de incumplimientos por más de cincuenta millones de pesos, en laudos, multas, denuncias penales, recomendaciones y fuga de recursos públicos, dañando la vida institucional de la Secretaría y dejando sin rumbo y destino a la comunidad educativa. Para resolver se emitió el acuerdo de redistribución de actividades de trabajadores del propio enlace jurídico,  así como de la creación de una unidad especializada en protección a derechos humanos y el protocolo de seguridad escolar, documentos que el Exsecretario no tuvo la sensibilidad suficiente para verlos cristalizar, no obstante que son instrumentos que llevarían a la Secretaría a otros derroteros, si se ponen en operación adecuadamente. Ante la falta de nombramiento de delegado administrativo, por más de 5 meses, soslayando al permitir actuar, en su lugar a un asesor: el CP.  José Elías Reynoso Rojas, que no asumió las obligaciones que conlleva  el delegado, pero si los derechos como los sueldos y prestaciones del mismo, no resolvió y su ambigüedad en el cargo desestabilizó la vida administrativa de la institución, permeándola de tal manera que ocupa urgentemente una reingeniería administrativa al seno de la misma; pero no así nombrando de nueva cuenta a un Exdelegado el Lic. Israel Barrios Hernández, quien seguirá permitiendo el desvío de recursos, como por ejemplo la continuidad en la contratación de los inmuebles en arrendamiento de la SEE, como se ha venido haciendo,  ya que se manejan al mejor postor, pero nunca a través de un comité que estudiara los casos.  Así también el área de personal es una figura decorativa, pues en las últimas administraciones solo firma propuestas amañadas de personal, que los diversos niveles manejan a su conveniencia, pero jamás cumple con su función de manejo y administración de personal. Buscándose los mejores perfiles en mandos medios para atajar el problema administrativo, sin que sirvan a intereses de expresiones sindicales. Cargo que cómodamente aún ostenta el Lic. Héctor Ayala. El caso de la contratación por parte de la Secretaria de Educación,  del  despacho jurídico  externo COVARRUBIAS&ASOCIADOS, con sede en el DF, a cargo del Lic. Miguel Uribe Flores, para tratar el asunto de las dobles plazas o duplicadas, el cual solo llevó a una exhibición  mediática de la deteriorada   legalidad institucional, pero sin resolver y atacar a profundidad el fenómeno, pero eso si pagándole cuantioso contrato de prestación de servicios y las plazas desocupadas seguramente irán a parar a personeros de la CNTE para pago de prebendas políticas o en el peor de los casos a favor de familiares, novias y compromisos de los actuales funcionarios y nunca a los que supuestamente son los derechosos. Sobre todo ahora que regresa, el Exdelegado en mención, quien “vendió” la idea al Exsecretario.  Cuando lo cierto es que dicha irregularidad se genera en los niveles educativos, en el área de personal y en la de informática, que carece de los controles administrativos correspondientes y que alguna mano silente los modifica a capricho, como el caso de FONE, que en una biopsia administrativa casual se detectó recientemente una fuga superior a los ocho millones de pesos, en una sola quincena. Destacándose también la irregularidad de la mal llamada bolsa de trabajo, sin fondo, instrumentada para poner a descansar a trabajadores, sin lugares de adscripción, pero si cobrando sueldos no devengados. La denuncia  interpuesta por Mexicanos Primero A.C.,  recientemente ante la PGR en contra del líder del CNTE Michoacán, Juan José  Ortega Madrigal, por el cobro indebido de sueldos, nos da una pista de la maraña  de intereses  tras  la puerta   del despacho del señor Secretario Armando Sepúlveda López, pues éste salió a dar justificación de porque sucedía ello, en medios de comunicación, cuando el patrón acepta servilmente los comisionados, sin legalidad, pues ni siquiera pide las licencias correspondientes, no nada más a esa ala democrática, sino al propio SNTE y otras expresiones minoritarias, por un total de comisionados en esas condiciones superior a mil empleados que cobran y no devengan sus sueldos. La falta de pago de más de tres meses de salario y prestaciones de ley,  a personal de contrato, es una manifestación grave  de falta de cumplimiento a las disposiciones laborales, que el Exsecretario de Educación no  asumió y lo hace responsable  directo del daño  económico y moral de un sinnúmero de familias. Respetar la vida social de organizaciones sindicales legalmente establecidas, para no propiciar el empoderamiento de organizaciones como la CNTE, que no cuentan el reconocimiento de Ley y el silencio acomodaticio del SNTE. Pasando por alto asesorías de abogados especialistas en la materia, que señalan que es mejor firmar condiciones de trabajo, como acción inmediata y por ello en diferentes mesas de trabajo que se tuvo con el STEM se formó un proyecto, que debe presentarse ante el Tribunal Burocrático. Por asesoría de la CNTE, no se creyó conveniente sancionar a trabajadores de base del propio Enlace Jurídico que abandonaron su trabajo, cuando se les notificó su transferencia a los diversos niveles educativos que los esperaban con gusto, para resolver en atención primaria y preventiva casos jurídicos, evitando su desplazamiento, permitiéndoles cobrar sus sueldos no devengados y continuar con sus actividades corruptas, al perdonar su rebeldía, con el menoscabo de personal de contrato que en su lugar sirvió, sin el pago completo  de sus emolumentos; acción que posibilita que por razones inexplicables el Lic. José Equihua Pérez, entre a despachar al privado del Enlace Jurídico, violando chapas, personaje que lidereó a ese grupo rebelde y que se ostentó, en su momento, como encargado del despacho, evidenciando usurpación de la función. Restablecimiento y puesta en operación de manuales administrativos, que por interés de grupos no se aplican. Así como una revisión de las formas de pago a los trabajadores de la SEE, a fin de evitar cobros indebidos, sugiriendo a través de dispersión bancaria, por la relación bilateral de éste con la Institución de Crédito y no el pago a través de habilitados por los riesgos que este pago implica. Limpia profunda en la Secretaría de Educación, en la que debe prevalecer el interés prístino que es educar a la niñez michoacana, que el apoyo a expresiones sindicales de cualquier nivel y de organizaciones extrañas a la educación, así como el respeto a los derechos laborales y humanos. Partiendo del manejo eficaz de diversos programas federales” Esto dijo. A ustedes les corresponde juzgar y contestar la pregunta ¿por qué no querrá dicha funcionaria escuchar las propuestas de un exfuncionario probo, al que ahora una organización dedicada al Bien Común de los Michoacanos, le llamó para que los Presidiera?.

REBECA HERNANDEZ RODRIGUEZ

CORRESPONSAL REVISTA LABORISSMO

POR LA MEJORA CONTINUA EN EL ÁMBITO DE TRABAJO

Boletín de Prensa

¿Por qué las autoridades de la Secretaria de Educación en el Estado,  no están logrando cumplir con su objetivo educativo?, ¿por qué los escenarios de desarrollo educativo, entendimiento, cordialidad entre expresiones sindicales e institución,  no son una constante en la vida de la institución educativa de nuestro estado?, el destino y rumbo de la secretaria se desdibuja y perdemos la  certeza jurídica  institucional, porque  la  actual  autoridad no  muestra  un trabajo real por el bien común de la comunidad educativa: alumnos,  maestros, administrativos y padres de familia. Son pocos, sino hasta nulos los  resultados en contraste de un elevado presupuesto mal aplicado y desvío de recursos. Pareciera que al Gobierno de Michoacán y a la Secretaría de Educación no le preocupa la Educación de los Michoacanos; pues es primero justificar el empoderamiento sobrado de expresiones magisteriales, como es el caso de la CNTE, y el por qué no se aplica la norma legal, que resolver los casi cincuenta millones de pesos que como crédito laboral el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha laudado en su contra, con el desprestigio mediático que su presidente ha filtrado al asegurar que la SE, no cumple, situación grave que atenta contra la imparcialidad que mandata nuestra Constitución Federal a los juzgadores, que tampoco le duele y por ello no  defiende, de mis intenciones de contribuir a propiciar  a dar un viraje  institucional  con cierto rumbo y destino,  pensé que había tenido eco en el Secretario de Educación Dr. Armando Sepúlveda López,  pero me equivoqué,  al grado que mi interpelación al Presidente del Tribunal del Trabajo,  Lic. José Miguel Jiménez Martínez, para que se excusara de no conocer los asuntos de la secretaria,  por haber  filtrado información confidencial, parece que le molestó a dicho Secretario, solo enmarcándolo en el contexto de haber trastocado  intereses  configurados en la más  recóndita  maraña  que van del despacho del Secretario de Educación a la del Presidente del Tribunal, figurando también en ese enmarañado de intereses, con la poca o nula atención legal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado ha demostrado, a cargo del Lic. Ricardo Flores Navarro,  principalmente, para atender el problema sindical del STEM, pues en lugar de atajar el problema con decisiones sociales y jurídicas, solo se coaligó con el presidente del Tribunal Laboral y decidió con muy poca sensibilidad política dar “carpetazo” y heredar el problema a la nueva administración en transición; tacto político le ha faltado a la actual gobernancia educativa estatal, pues partiendo del diagnóstico realizado por el Enlace Jurídico en la SE, se concretaron temas que deben ser de interés para la Secretaría de Educación, como lo es el Protocolo de Seguridad Escolar, publicado en el Periódico Oficial el 23 de junio pasado, que no permitió la propia SE que se operara, el cual viene a ser un instrumento legal para hacer que la comunidad escolar (autoridades, docentes, administrativos, padres de familia y alumnos) hagan del aula un campo fértil para sembrar en los menores y jóvenes pensamiento de cambio substancial, sin violencia; así también la Reingeniería Administrativa al seno del Enlace Jurídico, publicada el 5 de agosto pasado en el Periódico Oficial, que se firmó por el  Secretario de la SE, con la mano derecha, pero que desafortunadamente para los niveles educativos, se evitó se concretara con su siniestra, pues por asesoría de la CNTE, no era conveniente sancionar a trabajadores de base que abandonaron su trabajo cuando se les notificó su transferencia a los diversos niveles educativos que los esperaban con gusto, para resolver en atención primaria y preventiva casos jurídicos, evitando su desplazamiento, permitiéndoles cobrar sus sueldos no devengados y continuar con sus actividades corruptas, al perdonar su rebeldía, con el menoscabo de personal de contrato que en su lugar sirvió, sin el pago aún de sus emolumentos, por razones inexplicables y sin escuchar a voces del SNTE, que clamaban lo contrario; sin omitir precisar que las medidas para atender la violación sistemática, de los derechos humanos, que también planteó el Enlace Jurídico en le SE,  que nos coloca como la institución número uno, en la falta de atención y respeto a los derechos humanos, se perdieron, ante la baraúnda suscitada de querer a toda costa sancionar al Enlace Jurídico por atender con denuedo los asuntos legales de la Secretaría de Educación, pretendiendo cesarlo, sin derecho de audiencia o réplica, caso que está en manos del poder judicial de la federación y  buscando callarlo tocando el Secretario puertas de políticos, para que le pusieran bosal. 

Es urgente y necesario que la nueva administración gubernamental no haga a “modo ciego”, la transición de la SE, sino que se mandate a “tomar la riendas”, con política educativa no a favor de seguir empoderando expresiones sindicales, con menoscabo de trabajadores, sino con vista a escuelas de calidad, en el marco de la reforma educativa; pues de otra manera continuaría  la caída vertiginosa al colapso  pretendido por administración espuria, anodina, pusilánime y advenediza que ha demostrado muy poco tacto político, alejada de la labor prístina de la Secretaría de Educación, que es sin lugar a dudas:  educar.

Con deseo de un Bien Común para Todos.

 “En este mundo, no existe fuerza capaz de torcer la voluntad de un hombre que ha escuchado el llamado de su sangre, ideas y principios”

LIC. ARTURO ISMAEL IBARRA DÁVALOS

Morelia, Michoacán de Ocampo, a los veintiséis de  septiembre del dos mil quince.

EXCUSA O RECUSACIÓN AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. HECHO SIN PRECEDENTE.

 

ARTURO ISMAEL IBARRA DÁVALOS, licenciado en derecho, con cédula profesional federal 2006266, Enlace Jurídico en la Secretaría de Educación y apoderado jurídico de la misma, promovió ante el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 10 diez de Septiembre del año en curso, recusación o excusa en contra del Licenciado José Miguel Jiménez Martínez, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para conocer de los asuntos tramitados en contra de la Secretaría de Educación en el Estado, que más adelante referiré; lo cual hago bajo los siguientes conceptos de hecho y de derecho:

 

La recusación o excusa está amparada en lo dispuesto en el ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su segundo párrafo que expresa en lo que importa:

TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES QUE ESTARAN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y TERMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL. SU SERVICIO SERA GRATUITO, QUEDANDO, EN CONSECUENCIA, PROHIBIDAS LAS COSTAS JUDICIALES.

En concreto, esta recusación o excusa se basa en el párrafo segundo del numeral constitucional en cita, el cual lo invocamos al pie, porque las leyes laborales de la materia, como es el caso de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, no la contemplan, pero ello no quiere decir que no se pueda invocar el texto constitucional señalado, pues los Tribunales tienen el deber constitucional de ser imparciales, lo cual es aplicable al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y a su Presidente o Arbitro.

Como tiene reiterada la Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, la recusación o excusa constituye “el único cauce previsto por el ordenamiento procesal para obtener el restablecimiento por los Tribunales ordinarios del derecho fundamental a la imparcialidad del juez o para evitar la consumación de su lesión”.

En el escrito de recusación o excusa quedan acreditados los fundamentos de fondo que demuestran cómo el Presidente o Arbitro del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, recusado o excusado, ha incurrido en las causas legales de recusación citadas, de manera que la pérdida de la imparcialidad y de la objetividad que son exigibles al Juez provocan que deba ser apartado del Tribunal encargado de juzgar los autos de los juicios  laborales tramitados en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán.

Se señalan y documentan los siguientes fundamentos:

  • El Árbitro que funge como Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado recusado o excusado, dio nota a un artículo de opinión a la periodista Fátima Paz, del periódico Cambio de Michoacán, en la que se lee que José Miguel Jiménez Martínez, dijo: La SEE, dependencia más endeudada con créditos laborales en Michoacán, la cual fue publicada con fecha Martes 1 de Septiembre de 2015.

 

Y así la nota: Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) es la dependencia en Michoacán más endeudada con créditos laborales, afirmó José Miguel Jiménez Martínez, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; a pesar de su

más de 50 millones en laudos ganados por ex trabajadores y personal en activo que no recibió ajustes salariales, la instancia “no cumple en nada”. Maestros promovidos que no reciben la regularización de sus claves, por lo que pese a ocupar cargos como supervisores o contar con mayor número de horas frente a grupo, no perciben el diferencial en salario, constituyen el segmento detonador de la mayor parte de los créditos laborales de la SEE. “Las autoridades educativas no cumplen. La SEE es la dependencia más endeudada y que menos paga los créditos laborales”, reiteró Jiménez Martínez. Asimismo, aunque al momento no han captado demandas laborales por claves duplicadas, el presidente del TCAEM no descarta su interposición.

Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección https://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-263144
Si lo cita por favor cite la fuente, manteniendo un enlace a la información original. Derechos Reservados, Sociedad Editora de Michoacán S.A. de C.V.

 

Se trata, claramente, de una opinión del Presidente del Tribunal que atenta a dos principios procesales que dimanan de la Imparcialidad: La discreción y la neutralidad.

Al informar a dicho medio de comunicación sobre cuestiones que afectan y atañen exclusivamente a mi representada Secretaría de Educación en el Estado, lo que hace que las decisiones que asuma al decidir el cúmulo de asuntos puestos a su competencia sean carentes de objetividad.

No se trata, en este sentido, de presentar esta recusación o excusa por haber participado en la resolución de recursos planteados por las partes, sino por haber mostrado claramente su posición ante los hechos y la valoración jurídica de los mismos, llegando incluso a entrar a través de los medios de comunicación en una espiral de información de temas que son de interés de mi representada, impropia de la sosegada labor de un árbitro.

Ha contribuido a crear un caldo de cultivo que deja clara su posición, por lo que no resulta ni neutral ni conveniente para el desenvolvimiento de la fase procesal de los juicios, toda vez que el derecho a un juicio justo debe alejar del mismo posiciones preconcebidas y percepciones subjetivas.

La causa de esta recusación entendemos que es la suma del conjunto de actuaciones judiciales y extrajudiciales que se ha ido exteriorizando a lo largo del tiempo y que sería ahora cuando adquieren todo su valor una vez que resuelvan los asuntos puestos a su consideración, resulta justo, necesario y sobre todo legítimo entender que no se dan las condiciones más adecuadas para que el Presidente objeto de recusación o excusa sea quien deba formar parte del Tribunal  para emitir resoluciones en contra o a favor de mi representada.

Su pensamiento político y sus posiciones ideológicas es evidente que le incapacitan como Presidente para juzgar a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con las garantías debidas al carecer de la neutralidad e imparcialidad necesarias impuestas por la Ley.

Tomando en consideración que a dicha promoción no ha recaído ningún acuerdo, se puso en manos del Poder Judicial de la Federación, por lo cual se esperará el pronunciamiento que corresponda legalmente.

Todo sea por el Estado de Derecho.

JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ BARRERA.

Especialista en Derecho del Trabajo.

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO  SOBRE  FACULTADES  ESPECÍFICAS EN  DERECHOS HUMANOS, DEL  ENLACE JURÍDICO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

 

Desde la década de los años 90 noventas,  el conocimiento de los Derechos Humanos, ha ido difundiéndose en diferentes órdenes educativos. Las Comisiones de los Derechos Humanos, amparan redimensionando  la esfera jurídica del ciudadano frente a las instituciones que tratan de construir el bien común que demanda  la sociedad, llevándonos  a un nuevo aprendizaje y lenguaje que se ha ido permeando en la vida pública del país. La reforma constitucional del  mes de junio de año 2011, deja claro la ruta que debe transitar nuestro país en la política de los Derechos Humanos.  Por ello la Secretaría de Educación en el Estado, responsable de la vida educativa en la entidad,   asume el compromiso de impulsar una política  de respeto a los Derechos Humanos con la comunidad educativa.

Conflictos de violencia en  escuelas michoacanas hizo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, apercibiera a la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que otorgara “protección necesaria” a los alumnos.  

El Enlace Jurídico en la SEE, propuso la elaboración de un “Protocolo para la Seguridad Escolar en Michoacán”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 23 de junio del presente año, para surtir sus efectos legales a terceros y  observancia  obligatoria  legal a la que haya lugar. 

 

De acuerdo al inciso d) del Acuerdo administrativo sobre la Propuesta Ejecutiva de Redistribución de Actividades del Enlace Jurídico en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, publicado el pasado próximo 5  cinco de agosto en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, facultó al Enlace Jurídico en la Secretaría de Educación en el Estado para que encabece dicha política de los Derechos Humanos al interior de la Secretaría y comunidad educativa. Y en tal sentido el día 19 de Agosto de los corrientes el Dr. Armando Sepúlveda López, Secretario de Educación, dicta: ACUERDO ADMINISTRATIVO, el cual se encuentra en proceso de publicación en el Periódico Oficial del Estado, en el que mandata al Enlace Jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 13, 16, 22 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,  artículos 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones relativas aplicables de su Reglamento y otros, para:

 

a).- Que disponga parte de su personal en la preparación y capacitación  especializada en el tema de los Derechos Humanos, para garantizar el tratamiento de los asuntos relacionados  por personal altamente capacitado.

 

b).-  Asimismo que establezca  los Protocolos de garantía   de los Derechos Humanos, en el ámbito institucional y sus diversos niveles educativos, así como en  la comunidad educativa: alumnos, maestros, administrativos y padres de familia.

c).- Conformar la promotoria y difusión de los derechos humanos en el  ámbito institucional,  así como en la comunidad educativa, vinculándose con las áreas internas de la Secretaría, así como instituciones públicas federal, estatal y  privadas que se han necesarias para llevar a cabalidad un amplio conocimiento de los mismos en beneficio de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado.

 

d).-  Articular recomendaciones, como establecer los convenios necesarios en el ámbito de los Derechos Humanos, que propicien una política puntal en ese sentido con la comunidad educativa: alumnos, maestros, administrativos y padres de familia. 

 

ATENTAMENTE:

 

 

LIC. ARTURO ISMAEL IBARRA DÁVALOS             

ENLACE  JURÍDICO EN LA SEE

 

Morelia, Michoacán de Ocampo, a los  veinticinco días del mes de agosto del dos mil quince