Columna de opinión
Mtro. Arturo Ismael Ibarra Dávalos
Estupendas palabras para iniciar el día…
El mejor líder es aquel cuya existencia pasa casi desapercibida. Cuando su labor está cumplida y su objetivo se ha alcanzado, la gente dirá: “Lo hicimos nosotros mismos” – Lao Tzu
VIVIR LA REALIDAD…
El hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, fue privado de la libertad en Baja California junto con otro inspector del IMOS.
Ambos fueron interceptados cuando regresaban de un operativo en la zona de Ensenada y San Quintín. Horas después, tras un fuerte despliegue de autoridades, fueron localizados con vida.
Y qué bueno, ninguna madre debería vivir el terror de no saber dónde está su hijo.
Pero tras el rescate, usuarios y colectivos le lanzaron una frase durísima a la diputada: “ahora sintió lo de una madre buscadora”.
El comentario nació del contraste: mientras en este caso hubo reacción inmediata, coordinación y operativo, miles de familias llevan meses o años buscando a sus desaparecidos sin la misma respuesta institucional.
Pero, ¿por qué cuando se trata del hijo de una funcionaria sí se mueve todo el aparato del Estado, mientras muchas madres buscadoras tienen que rogar por atención, comprar sus propias palas, pagar gasolina y salir ellas mismas a buscar entre la tierra?
El reclamo no es contra una madre que recuperó a su hijo, sino contra un país donde parece que algunas desapariciones activan toda la fuerza del Estado y otras apenas reciben silencio, carpetas empolvadas y promesas vacías.
Todas las madres deberían tener la misma urgencia, todos los hijos deberían importar igual y todas las búsquedas deberían moverse con la misma fuerza.
Porque en México el dolor no debería pesar más dependiendo del apellido, el cargo o la influencia.
LA CRISIS POLÍTICA HA SUBIDO DE NIVEL
Juicio politico al presidente del Poder Judicial
Una exjueza acusa omisiones, retrasos y presunto trato desigual; la reforma judicial que prometía justicia ahora enfrenta señalamientos desde sus propias entrañas.
La crisis de credibilidad que durante años persiguió a la política parece haberse instalado ahora en uno de los espacios que debería representar certeza, legalidad y justicia: el Poder Judicial.
Una exjueza de primera instancia presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial, Hugo Alberto Gama Coria, así como contra los integrantes de dicho órgano colegiado, acusándolos de presuntas omisiones, dilaciones administrativas y violaciones a derechos laborales derivadas de la implementación de la reforma judicial en Michoacán.
La denuncia no proviene de un ciudadano inconforme ni de un litigante externo. Proviene de alguien que formó parte del propio sistema judicial y que hoy acusa haber sido ignorada por las mismas instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.
Según el documento presentado ante el Poder Legislativo, la exjuzgadora solicitó desde septiembre de 2025 una licencia sin goce de sueldo debido a circunstancias personales que le impedían trasladar su residencia a Zamora, donde había sido adscrita tras participar en el proceso extraordinario de elección judicial.
Lo grave del señalamiento no es únicamente la solicitud. Lo preocupante es que, de acuerdo con la denunciante, más de ocho meses después no existe una resolución definitiva sobre un trámite que legalmente debía ser atendido por el Órgano de Administración Judicial.
La acusación golpea directamente el discurso institucional que acompañó la reforma judicial impulsada en Michoacán. Aquella reforma fue presentada como un mecanismo para modernizar la justicia, transparentar procesos y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, hoy una de sus protagonistas sostiene que la nueva estructura administrativa reproduce viejas prácticas burocráticas que durante años fueron cuestionadas.
La exjueza también reclama pagos pendientes relacionados con prestaciones laborales e indemnizaciones previstas en la propia reforma judicial. Afirma que, pese a cumplir los requisitos legales establecidos para acceder a una compensación económica por haber participado en la elección extraordinaria sin resultar electa, a la fecha no ha recibido los recursos que, asegura, le corresponden por derecho.
El caso adquiere una dimensión aún más delicada porque la denunciante sostiene que mientras otros exjueces y exmagistrados ya habrían recibido indemnizaciones millonarias, ella continúa esperando respuestas. La pregunta inevitable es si todos los integrantes del Poder Judicial están siendo tratados bajo los mismos criterios o si existen privilegios selectivos dentro de una institución que debería garantizar igualdad.
La controversia también alcanza el manejo de recursos públicos. La exjueza exige conocer cuándo fueron recibidos los fondos destinados a las indemnizaciones derivadas de la reforma, cómo fueron administrados y si generaron rendimientos financieros mientras permanecieron sin ser entregados a quienes supuestamente tenían derecho a recibirlos.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente determine el Congreso, el asunto exhibe un problema de fondo. Resulta paradójico que quienes tienen la responsabilidad constitucional de resolver conflictos legales hoy se encuentren señalados por presuntas omisiones administrativas y por no responder solicitudes dentro de plazos razonables.
La situación también representa un desafío político para quienes impulsaron la reforma judicial como una solución histórica. Porque si quienes participaron en el nuevo modelo terminan denunciando incertidumbre jurídica, retrasos y falta de acceso a derechos laborales, entonces la narrativa oficial sobre la transformación del sistema comienza a mostrar fisuras difíciles de ocultar.
Ahora será el Congreso del Estado quien determine si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio político. Pero independientemente del resultado, el caso deja una reflexión incómoda para el poder público: cuando la justicia comienza a ser cuestionada desde adentro, la crisis institucional deja de ser un problema de percepción y se convierte en un problema de credibilidad.
Y la confianza, una vez perdida, suele ser mucho más difícil de recuperar que cualquier expediente administrativo.
CONTRADICTORIO…
El Gobierno federal informó que revisa quién apoyó el traslado de personas provenientes de Jalisco que participaron en la marcha de familias buscadoras en la CDMX.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se está recabando información sobre el origen de esos apoyos.
Pero, ¿por qué el foco parece estar en quién las ayudó a llegar, y no en por qué tuvieron que salir a marchar?
Las madres buscadoras no viajaron por turismo, ni por espectáculo, ni por capricho.
Viajaron porque en todo México hay familias que siguen buscando a sus hijos, hermanos, esposos y padres.
Mientras el país intenta mostrar su mejor cara ante el mundo por el Mundial, ellas recuerdan una realidad que no cabe en los discursos: miles de personas siguen desaparecidas y sus familias siguen buscando respuestas.
Ahora el gobierno quiere saber quién pagó el traslado y ellas quieren saber dónde están sus desaparecidos.
OTRO PROYECTO QUE FRACASA DE LA 4T
El proyecto Olinia, presentado como el vehículo eléctrico mexicano de bajo costo, enfrenta un problema legal: bajo la regulación actual no encaja como automóvil convencional.
La NOM-194-SE-2021 establece requisitos de seguridad para vehículos ligeros nuevos que se comercialicen en México.
Entre ellos están sistemas como ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y protecciones en caso de impacto.
El propio coordinador del proyecto, Roberto Capuano, reconoció que Olinia “no está alineado a propósito” con la NOM-194 y que el gobierno trabaja en una nueva categoría para vehículos urbanos de baja y media velocidad.
Es decir: ahora tienen que cambiar o crear reglas para que pueda venderse y circular legalmente.
SE ARREPINTIÓ DE LA CANCIÓN
Julieta Venegas ordenó a su equipo detener toda promoción de “La Niña Futbolista”, la canción que presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum como parte de las actividades culturales del Mundial 2026.
La instrucción fue clara: nada de tocarla en conciertos, nada de hablar con medios y cero declaraciones sobre el futbol o el Mundial. Además, desactivaron los comentarios en YouTube tras la avalancha de críticas.
El problema: los usuarios no se quedaron callados y simplemente se fueron a comentar otros videos de su canal.
El precio de prestarle tu imagen al gobierno.
EL MALTRATO ANIMAL NO ES “TRAVESURA” ES CRUELDAD
La Fiscalía de Puebla informó que Luis Rey “N”, alias “El Colamochas”, fue condenado a 11 años y cuatro meses de prisión por el ataque contra el perrito Huesitos, ocurrido en febrero de 2025 en Santiago Miahuatlán.
De acuerdo con la investigación, Huesitos estaba descansando en la vía pública cuando fue atacado con una piedra de gran tamaño, causándole múltiples lesiones que pusieron en riesgo su vida.
El caso quedó grabado en video y provocó una fuerte movilización de colectivos animalistas y ciudadanos que exigieron justicia.
Además de la prisión, el sentenciado deberá pagar una multa de 710 UMAs, así como recibir atención psicológica y cumplir medidas de rehabilitación y no repetición.
La asociación TAC Una Protección al Entorno señaló que se trata de una sentencia histórica, considerada una de las más altas en México por crueldad animal.
Este caso marca un precedente importante: la violencia contra los animales no es “travesura”, es crueldad y esta vez sí tuvo consecuencias.
¿Creen que esta sentencia puede cambiar la forma en que México castiga el maltrato animal?
Ya nos veremos en otra Vuelta de la Esquina…
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