Centro Histórico 254
Crescencio Cárdenas Ayllón
–Estallan huelga en acerera Mittal en Michoacán
–Buscan hacer de la CDMX la urbe del peatón
–Aunque ya está cancelado siguen gastando en Corredor Chapultepec
–Partidos proponen indagar dichos de la hija de “El Chapo”, menos PRI

Bueno, bueno, el gobierno de la Ciudad de México sigue con la política del “aquimichú” y con la experiencia que le dejó el someter a consulta de los ciudadanos el Corredor Chapultepec y que por supuesto lo echaron abajo por considerar que sería un no un corredor cultural sino un espacio para que los ricos negociantes se hagan más ricos y puedan hacer de las suyas con la bendición, perdón, la autorización del gobierno pero no contaban con la unidad que demostraron los habitantes de esa importante zona de la Colonia Roma.
Pero ahora, a pesar de la cancelación del corredor peatonal y comercial Chapultepec, los inversionistas siguen gastando recursos en el proyecto y el rechazo a seguir financiando un plan que ya fue frenado, provocó que los inversionistas privados llevaran la discusión a tribunales.
Y ese gasto y necedad se trata de Invex Grupo Infraestructura, que ha gastado cerca de 100 millones de pesos y se niega a seguir erogando fondos para un proyecto que, considera, está totalmente muerto. Entonces a que obedece el hecho de gasten millones de pesos en algo que es ya un cadáver que no podrán, creemos firmemente que no, revivirlo para cumplir con sus deseos de utilizar esa importante zona para su beneficio por los pronósticos que tenían ¿o tienen? para usufructuar esos espacios de la añeja colonia Roma.
Pero la contradicción y el miedo del gobierno del mínimo Miguel Ángel Mancera no quiso arriesgar el hecho de que cambió de lugar una rueda de la fortuna gigantesca que se pretendía ubicar en terrenos del Paseo de la Reforma y por supuesto que para tal fin no se pensó ni remotamente en realizar una consulta popular y ciudadana, como la del Corredor Chapultepec, porque en cuanto se dieron las primeras noticias de la colocación de tal juego mecánico empezaron las protestas.
Esas protestas infundieron temor a oxidar la armadura del Jefe de Gobierno quien realiza una gira a nivel nacional para darse a conocer y no aparecer como0 un soberano desconocido cuando se lance a la candidatura por la Presidencia de la República por lo que decidieron unilateralmente y solo con la aprobación de una funcionaria de las confianzas de Mancera Espinoza, para ubicarla en otros terrenos cerca de la puerta de los leones –por ahí se encuentran los restos de la famosa galleta luminosa del bicentenario y claro sin ningún tipo de consulta a los ciudadanos.
Es más, miren ustedes, la autorización de la Rueda de la Fortuna en el Bosque de Chapultepec corrige una decisión tomada por el Gobierno capitalino hace cinco años. n ese entonces, el proyecto fue planteado por el Secretario de Turismo de la administración capitalina, Alejandro Rojas Díaz Durán, sin embargo, el Consejo Rector del Bosque decidió no aprobar el proyecto.
El mejor argumento de las funcionaria Tanya Múeler y Patricia Mercado es que al ser reubicada a un cotado del Auditorio Nacional “no impedirá la vista al Castillo de Chapultepec y que disque porque será el mejor lugar para observar la mayor parte de la ciudad, sin ver que ocultará otras que son iconos de la misma ciudad.
¡Vaya democracia se gastan en el gobierno capitalino!
¿En México todas las huelgas son ilegales?
Unos 3 mil 500 afiliados a la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana iniciaron una huelga en la empresa acerera Arcelor Mittal, ubicada en Lázaro Cárdenas, tras argumentar despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo.
A las 10 horas los trabajadores se reunieron en el Monumento al Minero y marcharon por la avenida principal de la ciudad portuaria; luego se dirigieron a la zona industrial donde se ubica Arcelor Mittal; al mediodía llegaron a la puerta dos de la acerera, donde colocaron las banderas rojinegras.
Horas antes, en la asamblea general realizada en el salón Minero, a unas cuadras del ayuntamiento, los trabajadores acordaron parar labores para demandar la reinstalación de unos 300 trabajadores despedidos a finales de 2015, que laboraban en el área coquizadora. Además piden reactivar el área productora de planchón de donde más de mil trabajadores fueron despedidos hace un año por la crisis económica.
Según los trabajadores, a principios de 2015 Arcelor enfrentó momentos difíciles por la competencia desleal de empresas acereras chinas y rusas, pero a finales de diciembre la situación mejoró y la acerera, que alguna vez fue la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas (Sicartsa), se ha vuelto a colocar como empresa líder.
La empresa calificó de ilegal el cierre de sus instalaciones, por lo que llamó al diálogo en el que participen autoridades de gobierno. Queremos aclarar que colocar banderas rojinegras sin tener respaldo de huelga declarado por la autoridad competente, es ilegal, señaló en un escueto comunicado.
En marzo de 2015 la empresa acerera amenazó con cerrar la planta, incluso anunció que primero pararía parte de la siderúrgica y de ser necesario iniciaría con el despido de trabajadores. Los líderes sindicales señalaron que los mineros aguantaron a fin de conservar el mayor número de empleos.
En julio de ese año, los trabajadores estuvieron a punto de iniciar la huelga, sin embargo cedieron a la solicitud de la empresa y del sindicato nacional respecto de que los productos del acero habían bajado y la situación era muy crítica, sobre todo porque China invadió el mercado con productos de ese metal de escasa calidad. Sin contar que estaba produciendo poco por el deterioro del horno Eréndira.
En 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari vendió Sicartsa al Grupo Villacero en 170 millones de dólares, cuando los ingresos anuales por varilla y alambrón sumaban 2 mil 500 millones de dólares. El argumento fue que se requerían de más de 2 mil millones de dólares para modernizar esa industria.
El 20 de abril de 2006, lo que se llamó el jueves negro, los patios de la entrada de la planta siderúrgica y la avenida de enfrente se convirtieron en campo de batalla. Dos mineros murieron y 41 resultaron lesionados, dos de gravedad, tras el desalojo violento por 800 policías federales y estatales contra unos 500 trabajadores que estaban en huelga desde el 2 de abril de ese año.
Fue tal el encono que ante las presiones sindicales y del propio gobierno estatal, el grupo Villacero se vio obligado a vender al consorcio indio la empresa que fue fundada como Sicartsa y que tenía supuestamente un sentido social. La oferta fue de mil 443 millones de dólares y fue comprada por el consorcio Arcelor Mittal.
La huelga más reciente que se recuerde en Arcelor Mittal fue el 8 agosto de 2009, duró aproximadamente un mes luego de que los trabajadores lograron un incremento salarial de 8 por ciento y mejora en un paquete de prestaciones.
Pide a autoridades garantizar la seguridad de personas y bienes La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) denominó “toma de instalaciones por parte de trabajadores” en la empresa Arcelor Mittal, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras los mineros afirman que es una huelga emplazada de forma legal. Igualmente solicitó a las autoridades estatales y federales garantizar la seguridad de personas y bienes dentro y fuera de la planta.
CDMX modernizará el transporte eléctrico
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, acompañado por Héctor Serrano, secretario de Movilidad, Gabriela Gomez-Mont, directora del Laboratorio para la Ciudad, y Fernando Aboitis, titular de la Agencia de Gestión Urbana, durante la clausura del Mapatón CDMXFoto Roberto García Ortiz
El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, adelantó que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunciará el próximo viernes las acciones que se implementarán a partir del 14 de marzo para poner orden en el transporte público concesionado y el que opera la administración.
Al participar en la plenaria del grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario adelantó que con motivo de la Semana de la Movilidad, que se llevará a cabo a partir del 14 de marzo, el gobierno dará a conocer convenios para la modernización de los vehículos eléctricos y sobre capacitación de operadores de transporte público.
Ayer (jueves) tuvimos una reunión con autoridades de Alemania, donde ya circulan alrededor de un millón 200 mil vehículos eléctricos, resaltó y agregó que con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se tiene un proyecto para la capacitación de operadores de RTP, Metrobús y Trolebús.
El funcionario comentó que se trabaja en un mecanismo de movilidad para el Centro Histórico, que podría estar a cargo del Turibús y así evitar la presencia de otro tipo de transporte concesionado en la zona.
En la plenaria, Laura Ballesteros Mancilla, subsecretaria de Planeación de la Semovi, presentó los ejes del programa de movilidad del gobierno capitalino, que, enfatizó, apuesta a mover personas más que vehículos y convertir a la entidad en la ciudad del peatón.
Reiteró que con la aplicación del alcoholímetro, el consumo de bebidas embriagantes dejó de ser la primera causa de muertes por accidentes viales en la ciudad, al representar ahora sólo 21 por ciento de los motivos, abajo del 34 por ciento originado por exceso de velocidad.
Insistió en que una de las razones por las que se decidió reducir en el Reglamento de Tránsito los límites de velocidad fue para bajar el número de decesos por esta causa. Refirió que en la ciudad ocurren en promedio tres muertes al día por hechos de tránsito; remarcó que el registro de uno es inaceptable.
Ballesteros explicó que de cada 10 atropellamientos ocurridos por un vehículo conducido a 60 kilómetros por hora, sólo 2.5 por ciento de las víctimas tienen probabilidades de sobrevivir, mientras que a 40 kilómetros por hora la expectativa aumenta a 7.5.
Por la noche, el jefe de Gobierno, al clausurar el Mapatón CDMX en la Azotea del Laboratorio para la Ciudad, resaltó el trabajo realizado por los jóvenes para mapear los recorridos de las redes del sistema de transporte público de la ciudad, en una convocatoria pública en la que participaron más de 3 mil 644 usuarios con 690 equipos, quienes realizaron 2 mil 632 diagramas válidos y más de 51 mil 300 kilómetros de recorridos.
Explicó que son mapeos oficiales, datos abiertos y validados, a partir de los cuales se podrán realizar muchas aplicaciones.
¿Gasto inútil o amañado?
En agosto de 2015, Invex aportó 50 millones de pesos al Fideicomiso creado en Deutsche Bank, mientras que la paraestatal ProCDMX, que preside Simón Levy, aportó el título de concesión que le dio el Gobierno para explotar 101 mil 817 metros cuadrados de la Avenida Chapultepec.
A principios de 2015, Invex había pagado otros 44 millones de pesos para “gastos pre-operativos” y para costear el estudio previo al proyecto, que una empresa seleccionada por ProCDMX realizó en 2014.
El pasado 16 de diciembre, luego de la consulta ciudadana que echó abajo el proyecto, ProCDMX requirió al fideicomiso 5.2 millones de pesos por “gastos operativos”.
El monto debía cubrirse a más tardar el 31 de enero, pago que en el proyecto cancelado estaba previsto anualmente entre 2016 y 2018. En respuesta, el 29 de enero el fideicomiso intentó consignar el dinero ante un Juzgado en Materia Civil, mientras se aclara si tiene que pagar.
“Son dudosos los derechos de ProCDMX como acreedor de la cantidad citada, toda vez que el proyecto de coinversión fue cancelado sin haber iniciado su ejecución. “Por lo que se desconoce cuáles son esos gastos operativos”, afirmó el fideicomiso.
El Fideicomiso del Corredor también señaló que no entiende cuáles pueden ser los “gastos operativos” que reclama ProCDMX, cuando el contrato aclaraba que Invex es quien proveería la infraestructura administrativa y cubriría los honorarios fiduciarios de Deutsche Bank.
El 3 de febrero, el juez Horacio Ruiz Palma se negó a recibir los 5.2 millones, pues consideró que en este caso existe una controversia y es necesario que el fideicomiso presente una demanda formal contra ProCDMX.
¿Miente la hija del “Chapo”?
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto por el supuesto apoyo financiero que dio Joaquín El Chapo Guzmán Loera a su campaña en 2012. Lo declarado por Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija del narcotraficante, al diario británico The Guardian, debe indagarse y tomarse en serio, porque es una revelación muy fuerte, recalcó.
Durante una asamblea informativa en Puebla, agregó que Peña Nieto no puede quedarse callado, como lo hizo un día antes el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en torno a las afirmaciones de la Rosa Isela Guzmán, en el sentido de que la fuga de su padre estuvo pactada con autoridades, a cambio del financiamiento de campañas electorales de políticos importantes.
Igualmente, senadores y dirigentes de PAN, PRD y PT exigieron que el gobierno federal responda a tales señalamientos, ya que vienen a confirmar las dudas sobre altas complicidades en la fuga del narcotraficante.
En su cuenta de Facebook, López Obrador publicó un video y un mensaje: “Que se investigue a Peña Nieto, (Miguel Ángel Osorio) Chong y otros integrantes del gobierno por las declaraciones de la hija de El Chapo”.
Luego, durante una asamblea informativa en Tianguismanalco, Puebla, reiteró que se debe abrir un investigación, porque “ya sabemos que para imponer a Calderón en 2006 les ayudó Elba Esther (Gordillo) en el fraude electoral, y se usó dinero de procedencia ilícita.
“Quiero abrir un paréntesis para comentar lo que dijo la hija de El Chapo. Habló de que su papá tenía un acuerdo con el gobierno y que rompieron el acuerdo; que son unos hipócritas porque su papá ayudó con dinero a sus campañas”.
López Obrador recalcó que antes de ser extraditado, Guzmán Loera debe revelar todo sobre el apoyo que dio a Peña Nieto en la campaña presidencial de 2012. Que se conozcan los pormenores de este asunto, añadió en asamblea informativa en Puebla.
No es posible que en Guatemala, dijo, tengan en la cárcel al presidente, acusado de robar 40 millones, mientras en México existe impunidad y ningún corrupto recibe castigo.
Por separado, los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, de la bancada del PRD, advirtieron que más allá de que puede tratarse de una estrategia mediática del líder del cártel de Sinaloa para negociar con el gobierno de México o el de Estados Unidos mejores condiciones, es necesario que se aclare el tipo de compromisos y acuerdos a los que llegó con la administración de Peña Nieto.
“Las revelaciones de Rosa Isela Guzmán vienen a confirmar lo que era una sospecha: que funcionarios de alto nivel ayudaron a El Chapo a escapar del penal de El Altiplano; que hubo una colusión de autoridades de alto nivel, de dentro y fuera de la cárcel, y de los organismos de inteligencia que estuvieron involucrados en el relajamiento de la disciplina interna que permitió la fuga del narcotraficante”, indicó Encinas.
Que haya sido una fuga pactada explica por qué se demoraron tanto en reaccionar los custodios, la indiferencia ante los ruidos de la excavación, las cuatro horas que se tardaron en dar la alerta roja, agregó el también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
La senadora Padierna no descartó que ese amago de El Chapo de dar a conocer los nombres de funcionarios involucrados bien podría ser una señal al gobierno de Estados Unidos para lograr un buen acuerdo a cambio de información. En todo caso, agregó, la pregunta sería: ¿por qué las autoridades mexicanas no han ahondado en la información sobre las redes políticas de complicidad con que cuenta el narcotraficante?
Sobre el tema, el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, advirtió que lo publicado por The Guardian pone en jaque al gobierno de Peña Nieto, al que debe exigirse que dé la cara ante el señalamiento de que desde las altas esferas de su gobierno se pactó la protección de El Chapo a cambio de dinero para sus campañas electorales.
“Como dice la información de The Guardian, es previsible que el gobierno federal niegue todo, como ha hecho con otras cosas que le hacen daño, pero el pueblo de México debe exigir una aclaración”.
Los secretarios generales del PRD y el PAN, Beatriz Mojica y Damián Zepeda, respectivamente, pidieron explicaciones al gobierno federal. La perredista recalcó que tanto la Procuraduría General del República como la Secretaría de Gobernación deben dar a conocer qué partido político recibió dinero del capo y aclarar lo del supuesto arreglo.
Mojica sostuvo que la respuesta tiene que ser expedita, pues estamos en proceso electoral, y los ciudadanos tienen el derecho de saber si un instituto político o algunos de sus miembros se vieron involucrados con el narcotraficante.
El silencio del gobierno, dijo, lo único que genera son dudas. Por el bien de México, estas acusaciones tienen que ser aclaradas. Consideró que todos las fuerzas políticas deben presionar para que esto ocurra”.
Por lo demás, todos estamos bien.
ctacamba@yahoo.com.mx
(CCA 06-03-2016)