No puede compararse la trayectoria de un trabajador especializado del sector energético con la de un burócrata común ni con la de un político de paso.
Un trabajador de Pemex, CFE o LyFC no llega a una posición técnica por popularidad, propaganda o una elección cada seis años.
Llega después de décadas de capacitación, certificaciones, experiencia operativa y responsabilidades enormes donde un error puede costar vidas humanas, provocar explosiones, apagar ciudades enteras o paralizar industrias completas.
Muchos comenzaron desde abajo.
Trabajaron en plataformas marinas, refinerías, plantas petroquímicas, centrales eléctricas y líneas de transmisión en condiciones extremas: calor, sustancias tóxicas, presión, riesgo permanente y jornadas extenuantes.
Treinta o cuarenta años de experiencia no se improvisan.
La especialización técnica no se decreta desde una conferencia mañanera.
La capacidad de operar instalaciones estratégicas se construye con disciplina, sacrificio y conocimiento acumulado durante toda una vida.
Y aun así, hoy se pretende imponer la narrativa de que ningún jubilado debe recibir más del 50% del salario presidencial.
Pero aquí surge una pregunta fundamental:
¿Por qué el salario presidencial debe ser referencia moral o técnica para medir el valor del trabajo altamente especializado?
El Presidente de la República ocupa un cargo político temporal.
El especialista energético construyó una carrera técnica de toda una vida.
Uno llega mediante una elección popular por un periodo sexenal.
El otro llega después de décadas de preparación, ascensos, evaluaciones, experiencia y riesgos acumulados.
Un presidente puede equivocarse en un discurso.
Un operador de planta, un ingeniero de proceso o un especialista eléctrico no pueden equivocarse porque sus decisiones impactan directamente la seguridad nacional y la vida de miles de personas.
La diferencia es enorme.
Además, resulta profundamente injusto comparar ingresos políticos definidos administrativamente con pensiones derivadas de contratos colectivos, reglamentos internos y derechos adquiridos legalmente.
Las pensiones de los trabajadores energéticos no nacieron de privilegios.
Nacieron de acuerdos laborales firmados por el propio Estado mexicano durante décadas.
Si el gobierno quería cambiar las condiciones laborales, debió hacerlo para las nuevas generaciones, no destruyendo retroactivamente derechos ya consolidados.
Porque cuando el Estado rompe contratos legalmente establecidos, destruye la certeza jurídica de todos los mexicanos.
Y el verdadero peligro no es solamente afectar a los jubilados.
El verdadero peligro es enviar el mensaje de que en México ningún derecho está seguro.
Hoy son las pensiones.
Mañana puede ser cualquier contrato, cualquier ahorro o cualquier patrimonio.
Por eso esta lucha no es solo de jubilados.
Es una lucha por el Estado de derecho.
México debe comprender que la soberanía energética no fue construida por improvisados ni por burócratas temporales.
Fue construida por generaciones enteras de técnicos, ingenieros, operadores y trabajadores especializados que dedicaron su vida a mantener funcionando al país.
Mientras muchos políticos iban y venían, ellos seguían trabajando día y noche para que hubiera electricidad, combustibles y energía en cada rincón de la nación.
Por eso hoy levantamos la voz con firmeza:
¡No somos privilegiados!
¡Somos trabajadores especializados!
¡Nuestras pensiones son derechos adquiridos, no concesiones políticas!
Y defenderemos nuestra dignidad, nuestra trayectoria y nuestro legado hasta las últimas consecuencias.
Porque un país que desprecia a sus trabajadores especializados está condenado a destruir su propio futuro.
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